El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, erigió un muro de aproximadamente nueve metros de altura. Este muro cruza la canalización del río Tijuana, en los límites con la ciudad mexicana. La construcción vulnera diversos tratados internacionales. Estos tratados regulan los límites territoriales y naturales.
Altos funcionarios del estado de Baja California y expertos en ingeniería señalaron a medios que el muro cuenta con compuertas para regular el flujo del agua. Advirtieron que esta obra podría ocasionar inundaciones catastróficas en el centro de Tijuana. También se teme que afecte a San Ysidro, del lado estadounidense.
A simple vista se observa que el muro fue edificado como un puente sobre el río. Esto facilita el acceso de los agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Dichas compuertas de acero se activan electrónicamente cuando el caudal del río aumenta dentro del canal.
Adriana Reséndez Maldonado, comisionada de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA), declaró a los medios que la construcción del muro infringe un acuerdo de 1977. También vulnera otros tratados. Ella destacó que “los efectos de este muro serían negativos y podrían incluir inundaciones, daños y pérdidas de vidas en territorio mexicano”. Esta postura ha generado rechazo, aunque no se han anunciado acciones concretas hasta ahora.
El acuerdo estipula que las obras de encauzamiento y cualquier intervención en el cauce del río Tijuana son de competencia binacional. Por ello, el Gobierno de Estados Unidos debió consultar previamente con el Gobierno de México.
El río Tijuana tiene 195 kilómetros de longitud. Recorre la frontera entre México y Estados Unidos. Se sitúa entre el estado de Baja California y el sur de California. Este río se forma por la confluencia de dos redes de desagüe en la zona urbana de Tijuana.
Tema complejo que México debe abordar
Víctor Clark Alfaro, antropólogo y director del Centro Binacional de los Derechos Humanos, afirmó a EFE que se trata de “un tema complejo” que el Gobierno mexicano “debe atender, porque implica acuerdos internacionales que Estados Unidos no está respetando y podría generar repercusiones en Tijuana”.
“Estamos hablando de implicaciones ambientales, sociales y políticas, ya que afecta directamente la aceptación y la confirmación de la postura del Gobierno de México”, manifestó.
Una fuente cercana a la CILA, que prefirió mantenerse en el anonimato, señaló a EFE que las autoridades mexicanas han estado al tanto del proyecto desde sus inicios y, a pesar de la oposición reiterada de la comisionada, aún no se han implementado acciones contundentes.
“La cuestión es evaluar hasta qué punto la construcción de este muro –que además actúa como puente– impacta el ecosistema de la región y en qué medida el Gobierno de México ha permitido su desarrollo, pese a los tratados y a la oposición de organismos y fuentes políticas estadounidenses”, puntualizó.
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