El gobierno de Hungría anunció su decisión de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), un paso que coincide con la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Budapest. El ministro de Gobernación, Gergely Gulyás, informó que el proceso se llevará a cabo conforme al marco jurídico constitucional e internacional.
Gulyás señaló que la CPI, originalmente concebida como una institución respetable, se ha transformado en un organismo político. Esta afirmación surge tras la orden de arresto emitida por la CPI en noviembre de 2024 contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza. El ministro calificó este caso como el ejemplo más claro de una politización que, según él, ha desvirtuado el propósito del tribunal.
La llegada de Netanyahu a Budapest marca su primera visita a un Estado parte del Estatuto de Roma desde la emisión de la orden de arresto. Hungría, firmante del Estatuto en 1999 y ratificado en 2001, no reconoce las disposiciones de la CPI en su código penal y ha reafirmado que no ejecutará la orden de detención contra el primer ministro israelí.
La defensa húngara y el respaldo a Israel
El gobierno ultranacionalista de Viktor Orbán ha defendido a Netanyahu, argumentando que Israel actúa en legítima defensa frente a los ataques de Hamás. Orbán calificó la orden de arresto de la CPI como “descarada y cínica”, mientras que el gobierno húngaro sostiene que la corte internacional carece de jurisdicción para procesar a Netanyahu.
Hungría se une así a una lista corta de países que han abandonado la CPI, que incluye a Burundi (2017) y Filipinas (2019). La decisión también refleja el creciente distanciamiento de Budapest respecto a los consensos de la Unión Europea y sus aliados occidentales.
El grupo islamista Hamás condenó la decisión de Hungría, calificándola de “complicidad flagrante con un criminal de guerra” y cuestionando la legitimidad del respaldo a Israel frente a las denuncias de crímenes de guerra.
Consecuencias para la CPI y la región
La salida de Hungría plantea preguntas sobre el futuro de la CPI y su capacidad para ejercer justicia internacional. El tribunal, creado en 2002 para juzgar crímenes de genocidio, lesa humanidad y de guerra, enfrenta el desafío de mantener su legitimidad cuando países miembros cuestionan su imparcialidad.
La decisión también podría influir en otros países de la región con tendencias nacionalistas, generando un efecto dominó que socave la autoridad de la CPI. Mientras tanto, Hungría reafirma su postura de soberanía nacional y lealtad a sus aliados estratégicos.
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