El Senado de la República negó la solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE) de posponer por 90 días hábiles la elección de ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, programada para el 1 de junio de 2025.
La respuesta fue comunicada por el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, a través de una carta enviada a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.
La solicitud del INE y su rechazo
El pasado 19 de noviembre, Taddei envió una carta al Senado argumentando que el INE enfrenta retos logísticos y presupuestarios relacionados con la organización de las elecciones del próximo año. En consecuencia, solicitó una prórroga de tres meses para llevar a cabo la elección de integrantes del Poder Judicial.
Sin embargo, Noroña respondió con una negativa, argumentando que no es posible otorgar una prórroga debido a razones legales y operativas.
Motivos del rechazo: lo que expuso Noroña
En su carta, Fernández Noroña detalló los puntos clave que fundamentan la decisión del Senado:
- Cumplimiento Constitucional
La elección debe celebrarse el primer domingo de junio, conforme lo establece la reforma al Poder Judicial aprobada en septiembre pasado. No hay margen para el incumplimiento de este mandato constitucional. - Impacto en el funcionamiento del Poder Judicial
Retrasar la elección dejaría puestos vacantes en el Poder Judicial, ya que varios jueces, ministros y magistrados han anunciado que dejarán sus cargos antes de octubre. Esto afectaría el desempeño de varias dependencias clave. - Acceso a la justicia
Un retraso en la elección podría generar complicaciones en la administración de justicia, impactando negativamente a millones de personas que dependen del correcto funcionamiento del Poder Judicial.
“De lo anterior, se desprende que esta Soberanía no está facultada para dar una respuesta favorable a la solicitud planteada”, concluyó Fernández Noroña.
Implicaciones de la decisión
La negativa del Senado reafirma que la elección se llevará a cabo en la fecha prevista, el 1 de junio de 2025. Esto supone un desafío adicional para el INE, que deberá gestionar los recursos y las operaciones necesarias para cumplir con este proceso electoral, pese a las limitaciones presupuestarias y logísticas señaladas por el organismo.
Con esta decisión, el Senado también envía un mensaje sobre la importancia de respetar los plazos constitucionales en un contexto donde las reformas al Poder Judicial han sido objeto de intenso debate político y social.
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