La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, denunció que ha sido blanco de presiones por parte de “gente poderosa” que busca que el gobierno estatal abandone el proceso legal contra la empresa Aguakán, encargada del suministro de agua potable en Cancún y la Riviera Maya. Según reveló durante su programa semanal en redes sociales “La voz del pueblo”, estas presiones se han intensificado luego de que la compañía perdiera un amparo clave en abril pasado.
“Recibimos muchas llamadas de gente muy poderosa, para sucumbir, para claudicar, no vamos a claudicar, tenemos muy claro el camino”, afirmó Lezama en ese espacio, en referencia al litigio contra Desarrollos Hidráulicos de Cancún, sociedad mercantil que opera bajo el nombre comercial de Aguakán.
El conflicto por el manejo del agua potable se agravó cuando el Congreso de Quintana Roo aprobó un decreto para cancelar anticipadamente la concesión otorgada a Aguakán, la cual estaba pactada para mantenerse vigente hasta 2053. Tras esta decisión, la empresa acudió a tribunales y obtuvo una suspensión definitiva que ha impedido hasta ahora que se ejecute la revocación.
La reciente pérdida del amparo por parte de Aguakán marcó un giro en el proceso, al permitir al gobierno estatal avanzar con sus planes. Sin embargo, la empresa presentó un recurso de revisión el 12 de mayo, con el que busca revertir la sentencia adversa.
Además, ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el caso, específicamente para resolver una queja relacionada con la suspensión definitiva emitida en enero de 2024. Mientras tanto, la disputa continúa activa en el Juzgado Octavo de Distrito de Cancún, donde el gobierno de Quintana Roo se ha adherido a los procedimientos en curso.
Empresas, jueces y presión política: el laberinto del agua en el Caribe mexicano
En paralelo, Aguakán ha recurrido a tribunales mercantiles en la Ciudad de México, donde intenta activar un mecanismo de arbitraje internacional en Francia, estipulado en el contrato original de concesión aprobado en 2014 bajo el gobierno del priista Roberto Borge, hoy preso por corrupción.
Este mecanismo buscaría sacar el conflicto de los tribunales nacionales. Sin embargo, tanto el Congreso local como el Ejecutivo estatal consideran que esa cláusula fue ilegal desde su origen. El título de concesión fue cuestionado desde su firma, ya que otorgó el manejo del agua potable en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres sin una consulta adecuada a la ciudadanía ni estudios técnicos suficientes.
El gobierno de Mara Lezama ha defendido que su objetivo es devolver el control del recurso hídrico a los ciudadanos. Pero la batalla legal ha sido compleja, lenta y plagada de recursos por parte de Aguakán, que busca mantenerse como operador exclusivo en una zona donde viven más de un millón y medio de personas y donde se ubican los destinos turísticos más importantes de México.
Hasta ahora, la SCJN no ha emitido una resolución definitiva. Todo indica que será el nuevo pleno de ministros, tras las elecciones judiciales previstas, el que determine si Aguakán mantiene o pierde la concesión.
Recuento del conflicto Aguakán vs. Quintana Roo
- Concesión original (2014): Bajo el gobierno de Roberto Borge, el Congreso de Quintana Roo aprobó a favor de Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakán) una concesión para suministrar agua potable en Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres hasta 2053, sin consulta ciudadana ni estudios técnicos completos.
- Acción del Congreso local (2024): Ante denuncias de irregularidades y altos costos al usuario, el Legislativo estatal emitió un decreto para revocar la concesión anticipadamente, buscando que el servicio regresara al control público.
- Litigios y amparos: Aguakán promovió un amparo que obtuvo una suspensión definitiva en enero de 2024, impidiendo la revocación inmediata. En abril de 2025, el tribunal negó su amparo principal, pero la empresa presentó un recurso de revisión.
- SCJN y arbitraje internacional: Aguakán solicitó a la Suprema Corte atraer el caso y, de manera paralela, promover un arbitraje en Francia, conforme al contrato original. El gobierno estatal cuestiona la validez de esa cláusula de arbitraje.
- Situación actual: El futuro del servicio está en manos del nuevo pleno de ministros de la SCJN y de la resolución del arbitraje. Mientras tanto, el gobierno de Mara Lezama enfrenta presiones políticas y judiciales para asegurar el retorno del agua al sector público.
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