La jueza Jovita Vargas Alarcón, del Noveno Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, concedió una suspensión definitiva al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, lo que impide su detención por tiempo indefinido en el marco del proceso que enfrenta por presuntos delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
La decisión judicial fue notificada este 14 de mayo, tras una audiencia incidental en la que la jueza determinó aumentar a un millón de pesos la garantía económica que Aureoles debe cubrir para mantener vigente la suspensión que le evita ser aprehendido por la Fiscalía General de la República (FGR).
“Se concede la suspensión definitiva a Silvano Aureoles Conejo, por los actos, las autoridades y las razones expuestas en la consideración cuarta de esta resolución”, señala el resolutivo difundido por el Poder Judicial.
Reacción de la FGR
Ante esta resolución, la FGR anunció que impugnará la medida, al considerar que la jueza Vargas Alarcón ha protegido indebidamente al exmandatario estatal. La Fiscalía adelantó que buscará revertir la decisión a través de los tribunales competentes, y también iniciará acciones penales en contra de la juzgadora por presunta actuación fuera de sus atribuciones.
En particular, la FGR criticó que la juez supuestamente programó la audiencia inicial ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente para agosto, hecho que fue desmentido por medios oficiales al indicar que esa programación corresponde exclusivamente al Centro de Justicia, y no al Juzgado Noveno de Distrito.
Los cargos contra Aureoles
Silvano Aureoles Conejo, quien gobernó Michoacán de 2015 a 2021, es investigado por un quebranto al erario de 3 mil 412 millones de pesos, relacionado con la compra a sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil en al menos siete municipios del estado: Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
Además del exgobernador, cuatro de sus excolaboradores ya fueron vinculados a proceso y se encuentran bajo prisión preventiva justificada. La FGR señala que se configuraron delitos federales como lavado de dinero y administración fraudulenta en el esquema de adquisiciones públicas durante la gestión de Aureoles.
Próximos pasos
Con la suspensión definitiva concedida, Aureoles no podrá ser detenido hasta que la jueza Vargas dicte sentencia sobre el juicio de amparo, hecho que podría ocurrir el próximo 2 de junio. Mientras tanto, fue citado a comparecer el 20 de agosto de 2025 para continuar con su proceso penal ante el Centro de Justicia Penal Federal.
El caso se ha convertido en un nuevo punto de fricción entre el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República, que ha denunciado obstrucción en varios procesos de alto perfil. El desenlace de este caso podría marcar un precedente relevante en el contexto de las investigaciones contra exfuncionarios por corrupción en México.
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