El Ejército Mexicano ha vuelto a desobedecer una orden judicial al continuar las obras en la laguna de Bacalar, Quintana Roo, a pesar de las suspensiones definitivas y provisionales que lo impiden. Este cuerpo de agua es una de las joyas naturales del sureste del país y un importante atractivo turístico. Sin embargo, las fuerzas armadas han seguido adelante con la construcción de instalaciones de descanso para su personal.
Según un video difundido por la organización civil Defendiendo el Derecho a un Ambiente Sano (DMAS), las obras impulsadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) persisten, incluso este jueves, en las inmediaciones de la laguna de los siete colores. Esto, a pesar de que dos suspensiones judiciales ordenan detener toda intervención en la zona.
La más reciente de las suspensiones fue promovida por un grupo de niños que solicitó cesar cualquier tipo de obra en el entorno natural. El fallo definitivo sobre ese recurso podría emitirse el próximo 26 de mayo, cuando se celebre la audiencia correspondiente.
Por otro lado, los colectivos Proyecto Justicia Común (PROJUC) y DMAS promovieron un amparo que ya resultó en una orden judicial que exige detener por completo la construcción militar. Pese a esto, el trabajo de maquinaria y personal castrense sigue sin interrupciones.
Falta de permisos y riesgos ambientales en la laguna
Uno de los argumentos más contundentes de los grupos opositores se refiere a la total ausencia de permisos ambientales. La Sedena no ha tramitado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un documento obligatorio para cualquier proyecto en zonas ecológicamente sensibles. Además, no se ha presentado el plan detallado de obra ni se ha realizado consulta pública alguna con la comunidad de Bacalar.
Organizaciones como Greenpeace México han advertido que el dragado con maquinaria pesada podría causar daños irreversibles a la laguna. La intervención pone en riesgo el frágil equilibrio de este ecosistema, que depende de la transparencia y pureza del agua, así como de la conservación de su entorno vegetal.
La Sedena ha alegado que su proyecto está exento de cumplir con la MIA, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sostiene que se trata de una intervención menor que no genera desequilibrio ecológico. Ambas posturas han sido ampliamente criticadas por colectivos civiles, que consideran esta defensa como una estrategia para evadir la legalidad.
Este caso no es aislado. Durante la construcción del Tren Maya, el Ejército también ignoró repetidamente suspensiones judiciales. La tendencia indica una preocupante costumbre institucional de desatender las resoluciones emitidas por el Poder Judicial, especialmente en megaproyectos del sureste mexicano.
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