La Casa Blanca anunció que, con efecto inmediato, la Universidad de Harvard pierde su certificación para inscribir a alumnos extranjeros, tras acusarla de “fomentar violencia, antisemitismo y coordinarse con el Partido Comunista Chino en el campus”. La medida, difundida por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, obliga a los estudiantes foráneos a transferirse o enfrentar la pérdida de su estatus legal en EE. UU.
Noem compartió en X un comunicado en el que señala que Harvard “ha tenido múltiples oportunidades de corregir su conducta y siempre se negó a hacerlo”. Agregó: “Este privilegio no es un derecho. Las universidades deben rendir cuentas si violan la ley. Que sirva de advertencia a todas las instituciones académicas”.
La misiva oficial, enviada directamente a la dirección de la universidad, confirma la revocación de su inscripción en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP, por sus siglas en inglés). Esto implica que Harvard no podrá aceptar nuevas matrículas de alumnos extranjeros y el alumnado actual deberá buscar otras instituciones para mantener su visa o quedar en situación irregular.
Los cargos del DHS afirman que Harvard ha permitido que “agitadores antiestadounidenses y proterroristas acosen y ataquen físicamente” a miembros de la comunidad, incluidos estudiantes judíos. Según la carta, esos incidentes crean un “ambiente inseguro” y vulneran las normas que rigen la admisión de alumnos internacionales.
La matrícula en Harvard para el año académico que inicia en otoño de 2025 asciende a 59 320 dólares; al sumar alojamiento, comida y otros costos, puede superar los 87 000 dólares. El New York Times reporta que los estudiantes extranjeros cubren una proporción mayor de esos montos, lo que representa un ingreso significativo para la universidad.
Un golpe sin precedentes a la élite educativa
La decisión marca un choque sin precedentes entre la Administración y una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo. Expertos consultados por medios estadounidenses opinan que la medida podría afectar la competitividad global de la universidad y motivar litigios por violación de derechos educativos y migratorios.
Harvard enfrenta ahora el desafío de defender su autonomía y demostrar ante cortes federales que cumple con la ley. Mientras tanto, sus directivos ya estudian apelaciones y posibles acuerdos con el DHS. También evalúan estrategias para garantizar la continuidad académica de sus alumnos foráneos.
La reacción de la comunidad académica ha sido de rechazo. Diversas asociaciones de profesores y rectores han condenado la medida. Alegan que combina políticas migratorias con juicios políticos, debilitando el principio de libertad de cátedra y el intercambio intelectual global.
En paralelo, alumnos y exalumnos de Harvard han organizado protestas en el campus y frente a la Casa Blanca. Exigen que la universidad preserve su prestigio internacional y rechace lo que llaman una “intromisión política” en sus procesos de admisión.
Implicaciones y próximos pasos
El DHS atribuye la confrontación a una disputa sobre una solicitud masiva de registros que Harvard recibió para una investigación interna. Fuentes del New York Times indican que ambas partes negociaron en los últimos días, sin llegar a un acuerdo que evitara la sanción.
Por su parte, el Departamento de Estado evalúa el impacto en los visados F-1 (estudiantes) y J-1 (intercambio), que podrían verse afectados en otras universidades si estas no cumplen con los lineamientos del SEVP. Instituciones medianas y pequeñas ya temen un endurecimiento similar de sus certificaciones.
El Congreso también tomó nota. Legisladores de ambos partidos han anunciado audiencias para valorar el alcance y la proporcionalidad de la sanción. Algunos demócratas advierten sobre el riesgo de politizar la educación superior; varios republicanos defienden la decisión como un acto de seguridad nacional.
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