En México, más de 4 millones de hombres que son padres no viven con sus hijos ni participan activamente en su crianza, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta cifra representa el 9.3% de los 21.2 millones de padres identificados en el país y revela una realidad crítica: 4.18 millones de hogares están encabezados exclusivamente por mujeres, quienes asumen de forma individual la totalidad de las responsabilidades económicas, de cuidado y crianza.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), estas madres sostén de hogar conforman una parte significativa del mercado laboral femenino. Sin embargo, enfrentan múltiples barreras estructurales: 7 de cada 10 mujeres buscan empleos con horarios flexibles para poder atender tanto sus responsabilidades laborales como domésticas, pero esto las relega, en muchos casos, a empleos precarios, mal remunerados y sin acceso a prestaciones, muchos de ellos dentro del sector informal.
La desigualdad en la distribución del trabajo no remunerado también es alarmante. Mientras que las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales a tareas domésticas y de cuidado, los hombres solo destinan 15.9 horas, lo que implica una sobrecarga equivalente a una jornada laboral adicional, sin compensación económica ni reconocimiento institucional.
La otra deuda: pensiones alimentarias que no llegan
Uno de los problemas más graves que enfrentan estas mujeres es el incumplimiento de las pensiones alimentarias por parte de los padres ausentes. Si bien el 42% de las solicitudes de pensión alimentaria son concedidas en procesos de divorcio, solo 2 de cada 10 mujeres consideran este ingreso confiable, debido a la irregularidad en los pagos y a que los montos son frecuentemente insuficientes para cubrir las necesidades básicas de los menores.
Para combatir esta problemática se creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) y se promulgó la Ley Sabina en 2023. Esta normativa federal establece una serie de restricciones para los padres que incumplen con el pago de pensiones, incluyendo la prohibición de salir del país, adquirir propiedades, tramitar pasaportes o licencias, e incluso ocupar cargos públicos o contraer matrimonio, hasta que regularicen sus pagos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó la constitucionalidad de estas restricciones, al considerarlas proporcionales y no permanentes, enfocadas en garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir manutención.
Implementación desigual de la Ley Sabina
A pesar de su alcance, la Ley Sabina aún enfrenta una aplicación desigual en el país. Muchas entidades federativas no han armonizado sus leyes locales para poder implementar la norma, y otras carecen de registros activos de deudores alimentarios, lo que dificulta su eficacia.
Detrás de cada número hay una historia. Cada caso de ausencia paterna representa una sobrecarga para millones de mujeres mexicanas, quienes, además de trabajar dentro y fuera del hogar, deben enfrentar una estructura legal y económica que aún no garantiza plenamente la corresponsabilidad parental.
El panorama deja claro que la transformación hacia una paternidad activa, corresponsable y legalmente exigible sigue siendo uno de los grandes pendientes en la agenda social del país.
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