La Cámara de Diputados aprobó este martes en lo general, con 349 votos a favor de Morena, PVEM y PT, la reforma a la Ley de la Guardia Nacional, en una sesión que marcó el segundo día del periodo extraordinario del Congreso de la Unión. El dictamen, sin cambios, será turnado al Senado de la República para su análisis y posible aprobación.
La iniciativa contempla transformaciones profundas al marco legal y operativo de esta corporación de seguridad creada en 2019, entre las que destacan el traspaso total de su control a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como la posibilidad de que sus integrantes en activo participen en elecciones populares mediante licencias especiales.
Sedena asume el mando operativo y administrativo
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la transferencia total de la Guardia Nacional a la Sedena. A partir de esta modificación, todas sus funciones operativas, administrativas y de formación profesional estarán bajo control castrense.
Esto implicará la adecuación de nueve leyes y dos códigos militares, entre ellas:
- Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
- Ley de Disciplina del Ejército
- Código de Justicia Militar
- Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Además, se establece que el comandante de la Guardia Nacional ostente el grado de General de División, y sea designado directamente por el titular de la Sedena, actualmente el general Ricardo Trevilla Trejo.
Nuevas facultades: inteligencia, operaciones e investigación
La reforma otorga al cuerpo de seguridad nuevas facultades como:
- Realización de operaciones encubiertas
- Intervención de comunicaciones (previa autorización judicial)
- Uso de usuarios simulados
- Acceso a datos georreferenciados
Asimismo, sus elementos podrán ser adscritos a otros cuerpos militares según necesidades operativas del Ejército o la Fuerza Aérea, conforme al nuevo artículo 164 de la ley.
Con la reforma, la instrucción, capacitación y profesionalización de los integrantes de la Guardia Nacional quedará plenamente a cargo de instituciones militares, y seguirán los estándares de la Sedena.
También se establece que esta corporación podrá colaborar con fuerzas estatales y municipales para operativos conjuntos, siempre que exista un convenio firmado con la Sedena. Además, podrá participar en tareas de investigación de delitos, bajo supervisión del Ministerio Público.
Guardia Nacional y cargos de elección popular
Uno de los cambios que más debate ha generado es el que permite a los elementos activos de la Guardia Nacional solicitar licencias para postularse a cargos públicos, en condiciones similares a los miembros del Ejército y la Fuerza Aérea.
Durante la conferencia mañanera del 24 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió esta disposición, asegurando que la Ley Orgánica del Ejército y el artículo 55 de la Constitución ya contemplan esta posibilidad para las fuerzas armadas.
El artículo 44, fracción III, de la nueva Ley de la Guardia Nacional detalla los tipos de licencias especiales para:
- Postularse a cargos de elección popular
- Asumir nombramientos ejecutivos
- Realizar funciones civiles en dependencias federales, estatales o municipales
Estos permisos deberán ser autorizados por el Ejecutivo Federal o por el titular de la Sedena.
Críticas y respaldo político
Mientras que el bloque de Morena y aliados defendió la reforma como una vía para fortalecer institucionalmente la seguridad pública, partidos de oposición como el PRI acusaron que se trata de un intento por militarizar aún más la vida pública del país.
El diputado Rubén Moreira (PRI) señaló que la aprobación representa un riesgo de que los militares capturen la política, mientras que el PAN condicionó su respaldo a que los derechos laborales y políticos de los integrantes de la Guardia Nacional sean garantizados de forma constitucional.
La iniciativa será ahora discutida en el Senado de la República, donde Morena y aliados también cuentan con mayoría. De aprobarse, marcaría un punto de inflexión en el modelo de seguridad pública del país, consolidando la militarización de funciones previamente adscritas a instituciones civiles.
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