La Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, una de las joyas ecológicas de México y hogar de una vasta biodiversidad, enfrenta una severa crisis ambiental provocada por la minería ilegal, la expansión agropecuaria y los impactos indirectos del proyecto Tren Maya, promovido por el gobierno federal como prioridad nacional.
Aunque la reserva fue declarada Área Natural Protegida en 1998, más del 80 % de su extensión corresponde a zonas de amortiguamiento, donde actualmente operan al menos 15 proyectos de extracción de balasto, grava y arena, muchos de ellos sin los permisos correspondientes. El material pétreo extraído ha sido utilizado, en parte, para construir tramos del Tren Maya.
Una selva sitiada por retroexcavadoras
José Luis Montero, habitante y defensor ambiental de la región, recuerda cómo la selva alguna vez fue un lugar casi sagrado. Hoy, en su lugar, observa maquinaria que derriba árboles y fauna desplazada buscando refugio. “Nos da gusto ver animales que antes no bajaban a las tierras bajas. Pero también es una señal: están huyendo porque ya no tienen casa”, lamenta.
Los impactos de la extracción en lugares como el cerro de Balzapote son evidentes: deforestación, alteración de corredores biológicos y amenazas directas a especies vulnerables como el mono araña, el oso hormiguero, aves migratorias y mamíferos de selva alta.
En esa misma zona se ubican al menos cuatro minas a cielo abierto que, según investigadores de la UNAM, están fragmentando hábitats clave, interfiriendo con la captura de agua y alterando el equilibrio climático local.
En 2021, una empresa privada comenzó a explotar balasto para el Tren Maya sin contar con autorización de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat). Aunque recibió una multa de 85 mil dólares, continuó sus operaciones. En total, se identifican más de 15 puntos de extracción, de los cuales solo cinco tienen permisos vigentes, según la ambientalista Paola Balderas.
Las consecuencias son múltiples: compactación del suelo, pérdida de cobertura forestal, alteración del paisaje y sedimentación de cuerpos de agua como la Laguna de Catemaco, vital para las comunidades locales.
Agroindustria y abandono institucional
La minería no es el único motor de deforestación. La expansión de la ganadería extensiva y el cultivo de tabaco también han destruido grandes extensiones del ecosistema. Según el programa de manejo de la reserva, el 62 % del territorio ya ha sido transformado para usos agrícolas y ganaderos.
“Los agroquímicos que usan los tabacaleros están matando ríos y biodiversidad”, denuncia Montero, quien señala que muchos ejidatarios acceden a vender o rentar sus tierras ante la falta de opciones económicas sostenibles.
La ausencia del Estado también agrava la situación. Desde 2015, la Profepa no ha nombrado a un nuevo inspector en la zona tras la desaparición de Miguel Ángel Puga Hernández, su último delegado. Con apenas 2 millones de pesos anuales (108 mil dólares) para vigilancia, la Reserva Los Tuxtlas parece tierra sin ley.
Devastación documentada
Datos de Global Forest Watch revelan que entre 2002 y 2023, la reserva perdió 794 hectáreas de bosque primario húmedo, el 15 % de su cobertura original. Otro estudio del Instituto Nacional de Ecología registró una pérdida neta de 1,776 hectáreas entre 2006 y 2016, incluyendo zonas núcleo de conservación.
Solo dos sanciones económicas han sido aplicadas, pese a más de 30 notificaciones de irregularidades y 18 denuncias formales ante la Profepa. Muchos de los proyectos continúan amparados en permisos vencidos o sin evaluación de impacto ambiental.
Pese a este panorama sombrío, existen focos de esperanza. Patricia Escalante, bióloga de la UNAM, ha logrado reintroducir 250 guacamayas rojas en la reserva. José Luis Montero, por su parte, lidera proyectos de ganadería sostenible y reforestación en los alrededores de la Laguna Encantada.
Organizaciones como Sendas promueven el manejo comunitario del agua, restauración de manglares en Sontecomapan y sistemas agroforestales tradicionales como la milpa intercalada con árboles frutales.
También surgió en 2019 la Red de Ganadería Sostenible, que ya involucra a más de 30 ranchos que adoptan prácticas regenerativas.
¿Y ahora qué?
La comunidad científica y activistas locales urgen al gobierno mexicano a implementar una política territorial integral que reconozca el valor ecológico de Los Tuxtlas y frene el modelo extractivo que hoy la devasta.
“Si se llegara a secar la Laguna Escondida por las graveras, ¿de quién sería la culpa? Nadie responde. No hay herramientas legales para hacer que quienes causan estos daños paguen”, advierte la bióloga Karina Boege.
Frente a la falta de vigilancia, presupuesto y voluntad política, los habitantes insisten: la restauración es posible, pero requiere decisión, recursos y que las autoridades cumplan con su deber de proteger uno de los últimos bosques tropicales siempreverdes del país.
“Aquí vivimos todos y somos los beneficiarios de la salud de estos ecosistemas o los perjudicados por su deterioro”, concluye Susana Rocha.
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