La Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe (FCCA) anunció que el gobierno de México decidió aplazar por seis meses la aplicación del Derecho de No Residente (DNR), un cobro de 42 dólares que sería implementado a turistas de cruceros a partir del 1 de enero de 2025. Ahora, el gravamen comenzará a aplicarse en junio de ese mismo año.
Impacto económico y críticas al nuevo impuesto
En un comunicado difundido el 8 de diciembre, la FCCA expresó que, aunque el aplazamiento del cobro brinda tiempo adicional, no mitiga los riesgos asociados con su implementación. Según el organismo, el impuesto podría causar cancelaciones de rutas y recortes en inversiones hacia destinos mexicanos, afectando significativamente a las comunidades que dependen del turismo de cruceros.
“La FCCA advierte que imponer tal carga a los turistas de cruceros, quienes tienen un tiempo limitado de estancia en México, desalentará las visitas, alterará los itinerarios y creará efectos económicos en cadena en las comunidades que dependen del turismo de cruceros”, se lee en el comunicado.
La Asociación Mexicana para la Atención de Cruceros Turísticos (AMEPACT) también prevé impactos negativos, señalando que el cobro podría generar una disminución progresiva en las llegadas de cruceros. Esto afectaría directamente a empleos locales como taxistas, guías turísticos, artesanos, meseros y restauranteros, entre otros, especialmente en regiones como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Sinaloa, que respaldan los puertos turísticos.
Reconocimiento al aplazamiento, pero con reservas
Michele Paige, directora de la FCCA, agradeció al gobierno mexicano por conceder la prórroga, pero lamentó que no se consultara previamente con representantes de la industria antes de aprobar el cobro.
“Antes de este impuesto, la industria buscaba hacer crecer los negocios en México, pero ahora ocurrirá lo contrario”, afirmó Paige en el documento.
Amenaza de reubicación de itinerarios
El comunicado finaliza con una advertencia velada, en la que la FCCA agradece a otros socios de destinos en América Central y el Caribe que han mostrado interés en recibir a las líneas de cruceros, ofreciendo opciones para reubicar itinerarios hacia sus jurisdicciones.
Conclusión
La medida de México para aplazar el cobro del Derecho de No Residente refleja un intento de mitigar los posibles efectos adversos, pero no elimina la incertidumbre ni las críticas de la industria. Mientras tanto, las comunidades mexicanas que dependen del turismo de cruceros permanecen en la incertidumbre sobre el impacto económico de esta nueva política.
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