México ha dado un paso histórico con el lanzamiento del Programa Nacional de Restauración Ambiental (PNRA) 2025–2030, una política pública pionera que posiciona la restauración ambiental como un eje estratégico de largo plazo, con un enfoque sistémico, territorial y de justicia socioambiental. Presentado durante la Cumbre Nacional por la Restauración de Ecosistemas, organizada por la Alianza Mexicana por la Restauración de Ecosistemas (AMERE) en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el PNRA reunió a más de 450 representantes de pueblos indígenas, comunidades afromexicanas, juventudes, academia, sector privado, gobiernos locales y organismos multilaterales, marcando un hito en la política ambiental del país.
A diferencia de iniciativas previas, que se limitaban a reforestaciones sin criterios técnicos ni seguimiento, el PNRA propone una restauración integral que abarca ecosistemas terrestres, acuáticos y costeros. Este programa, con una visión extendida hasta 2050, se basa en experiencias exitosas de comunidades que han trabajado en la restauración de sus territorios, integrando principios de justicia ambiental y participación comunitaria como pilares operativos. Según la AMERE, conformada por organizaciones como Reforestamos México, WRI México y WWF México, el PNRA es el esfuerzo más ambicioso e incluyente en la historia de México en esta materia.
Retos para la implementación
A pesar de su potencial, la implementación del PNRA enfrenta desafíos significativos. El programa identifica más de 325 sitios prioritarios que requieren intervención urgente, pero no detalla los mecanismos para obtener recursos financieros ni para coordinar acciones entre los diferentes niveles de gobierno. En un contexto de instituciones ambientales debilitadas y gobiernos locales con capacidades técnicas limitadas, escalar las acciones necesarias resulta complejo. Además, la falta de integración del sector privado, en un entorno de austeridad fiscal, representa una debilidad crítica. La ausencia de incentivos fiscales, beneficios tributarios o mercados funcionales dificulta la inversión empresarial en restauración, lo que subraya la necesidad de una arquitectura financiera innovadora y multiactor.
La degradación ambiental en México no solo responde al cambio climático, sino a políticas públicas desarticuladas que han priorizado usos del suelo como la ganadería, la agricultura extensiva o el desarrollo urbano, sin valorar adecuadamente los beneficios de los ecosistemas. Actualmente, los ecosistemas no compiten en rentabilidad frente a estas actividades, ya que sus aportes sociales, hídricos, climáticos y productivos no se reflejan en un valor económico tangible. Esta falta de esquemas sólidos de valorización y financiamiento limita el bienestar de las comunidades que cuidan estos territorios.
Oportunidades y amenazas
El PNRA se presenta en un momento clave, alineado con la Década de Restauración de Ecosistemas, el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal y el auge de los mercados de carbono e inversiones con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Tecnologías como el monitoreo satelital y la inteligencia artificial ofrecen herramientas para un seguimiento riguroso. Sin embargo, amenazas como el cambio climático, conflictos por la tierra, el crimen organizado, la pobreza rural, la escasez de semillas nativas y la posible interrupción del programa en 2030, si no se institucionaliza legalmente, representan riesgos significativos.
Para garantizar el éxito del programa, la AMERE propone cinco acciones clave:
- Transversalizar el PNRA en todas las instituciones con impacto territorial, más allá del sector ambiental.
- Institucionalizarlo en ley para asegurar su continuidad y un presupuesto estable.
- Crear incentivos fiscales y de mercado que hagan rentable la restauración.
- Desarrollar sistemas públicos de monitoreo abiertos y verificables.
- Fortalecer capacidades técnicas en municipios y núcleos agrarios, alineando programas de desarrollo rural para evitar la degradación.
El sector privado y la corresponsabilidad
Durante la cumbre, empresas como Grupo Financiero Banorte, Grupo Bimbo y Ponterra México destacaron su compromiso con la restauración, enfatizando la necesidad de reglas claras para ampliar su participación. Banorte, por ejemplo, ha formalizado compromisos a través de la plataforma One Trillion Trees del Foro Económico Mundial, con un enfoque de corresponsabilidad territorial.
La restauración ambiental no es solo una política ambiental, sino una estrategia de soberanía ecológica, cohesión territorial y resiliencia social. Genera empleos, reduce conflictos y reconecta a la sociedad con la naturaleza. Desde la AMERE y Reforestamos México, se reafirma el compromiso de acompañar y exigir que el PNRA pase del discurso a la acción. Restaurar los ecosistemas de México es, en esencia, restaurar la esperanza colectiva y construir un futuro viable para el país.
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