La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 23 de julio de 2025, que califica el cambio climático como una “amenaza urgente y existencial” y señala que la inacción de los Estados frente a las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente por combustibles fósiles, puede constituir un “acto internacionalmente ilícito”, tendrá implicaciones significativas para México, un país con una economía históricamente ligada al petróleo.
Aunque no vinculante, este fallo, impulsado por Vanuatu y respaldado por pequeños estados insulares, establece un precedente jurídico que podría transformar la industria de los combustibles fósiles en México, desde la producción hasta las políticas públicas.
El fallo de la CIJ, según The Guardian y AFP, subraya que actividades como la producción, consumo, otorgamiento de licencias de exploración y subsidios a combustibles fósiles podrían ser consideradas violaciones del derecho internacional si no se toman medidas para mitigar el daño climático.
En México, donde Petróleos Mexicanos (Pemex) produjo 1.8 millones de barriles diarios de crudo en 2024, según El Economista, este pronunciamiento pone en riesgo jurídico proyectos como la refinería Dos Bocas en Tabasco, que refuerza la dependencia del petróleo. Sophie Marjanac, del Polluter Pays Project, destacó que el fallo “es revolucionario” por su claridad al responsabilizar a los Estados por las emisiones de empresas bajo su jurisdicción.
Impacto en la industria energética mexicana
En México, el fallo podría intensificar la presión sobre el gobierno para revisar políticas que apoyan la extracción y refinación de petróleo. La administración de Claudia Sheinbaum ha defendido la soberanía energética mediante la modernización de refinerías, pero el dictamen de la CIJ podría impulsar demandas nacionales e internacionales contra nuevos proyectos fósiles.
Jorge Viñuales, profesor de Derecho en Cambridge, señaló que el fallo será citado en tribunales para cuestionar licencias de exploración, como las otorgadas en el Golfo de México, o subsidios a la gasolina, que en 2024 costaron al gobierno 400 mil millones de pesos, según Reforma.
Organizaciones como Greenpeace México ya han utilizado marcos legales internacionales para frenar proyectos fósiles, como el bloqueo de permisos en la Cuenca de Burgos.
El fallo de la CIJ, que vincula la protección ambiental con derechos humanos como el derecho a la vida y la salud, podría fortalecer estas acciones legales. “Los tribunales mexicanos podrían integrar este dictamen en casos contra Pemex o la CFE”, afirmó Joy Reyes, experta en litigios climáticos de la London School of Economics.
Oportunidades para la justicia climática
El dictamen abre la puerta para que México, como país vulnerable a huracanes y sequías, exija reparaciones a grandes emisores históricos, como Estados Unidos o China, aunque estos no reconocen la jurisdicción de la CIJ.
Según BBC, países en desarrollo están explorando demandas por daños climáticos, y México podría unirse a estas iniciativas en foros como la COP30 en Belém. Por ejemplo, los daños por huracanes en Quintana Roo, como el reciente colapso de una estructura en Playa del Carmen, podrían justificar reclamaciones internacionales.
Sin embargo, México enfrenta un dilema: su rol como productor de petróleo choca con la necesidad de cumplir compromisos climáticos del Acuerdo de París, del que sigue siendo parte. La CIJ señaló que incluso países fuera de este acuerdo, como Estados Unidos tras su salida bajo Trump, deben reducir emisiones bajo el derecho internacional.
Esto podría complicar las relaciones bilaterales, especialmente tras la reunión de Sheinbaum con el embajador Ronald Johnson el 25 de julio, donde se discutieron aranceles que afectan la exportación de combustibles mexicanos.
Retos y perspectivas para México
El fallo también desafía al sector privado. Empresas como Cemex, que dependen de combustión intensiva, podrían enfrentar demandas si no transitan hacia energías renovables. “La influencia del dictamen es ilimitada”, afirmó Marjanac, destacando su potencial en negociaciones con bancos que financian proyectos fósiles.
En México, donde la banca privada ha reducido inversiones en renovables debido a políticas favorables a Pemex, el fallo podría presionar por un cambio.
A nivel local, el pronunciamiento podría inspirar a comunidades afectadas por la contaminación de refinerías, como en Tula, Hidalgo, a iniciar litigios exigiendo reparaciones.
Sin embargo, la integración del derecho internacional en México, un país “dualista”, enfrenta obstáculos legales, ya que requiere reformas legislativas para ser plenamente aplicable. A pesar de esto, tribunales constitucionales mexicanos han citado opiniones de la CIJ en casos de derechos humanos, lo que sugiere un posible impacto futuro.
Un punto de inflexión para la transición energética
El fallo de la CIJ, calificado como “un parteaguas” por Ralph Regenvanu, ministro de Cambio Climático de Vanuatu, refuerza la urgencia de una transición energética en México. Aunque no obliga cambios inmediatos, su peso moral y jurídico podría acelerar la descarbonización, presionando al gobierno para priorizar renovables sobre combustibles fósiles.
En un país donde la percepción de inseguridad climática crece, como en Tlajomulco de Zúñiga tras recientes tragedias, el dictamen ofrece una herramienta para exigir responsabilidad a los grandes contaminadores, tanto dentro como fuera de México.
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