El Tribunal Superior de Bogotá decretó este martes la libertad “inmediata” del expresidente colombiano Álvaro Uribe, permitiéndole apelar en libertad su histórica condena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal.
Uribe, de 73 años y gobernante entre 2002 y 2010, permanece bajo arresto domiciliario en su residencia en Rionegro, a 30 kilómetros de Medellín, desde el 1 de agosto, cuando la jueza Sandra Heredia dictó la pena máxima tras declararlo culpable en primera instancia de intentar sobornar a exparamilitares para desvincularlo de grupos paramilitares.
Esta decisión lo convirtió en el primer exmandatario colombiano condenado penalmente y privado de libertad, un fallo que su defensa califica de politizado bajo la presión de la izquierda, liderada actualmente por el presidente Gustavo Petro.
El tribunal otorgó esta medida mientras revisa la apelación, con un plazo límite del 16 de octubre para ratificar, modificar o revocar la condena; de excederse, el caso prescribirá. El proceso se originó en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuestamente orquestar un complot con testimonios de exparamilitares que lo vinculaban a un escuadrón antiguerillas en la finca familiar.
Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema invirtió el caso, investigando a Uribe por manipular testigos para desacreditar a Cepeda. Cepeda, reconocido como víctima, expresó respeto por la decisión pero la rechazó, acusando a Uribe de presionar a la justicia con campañas en su contra, sugiriendo que la detención inicial era una protección contra esas acciones.
Legado controversial
Uribe llegó al poder en un contexto de conflicto armado, enfrentando guerrillas de izquierda como las FARC y escuadrones de ultraderecha. Su política de mano dura desmovilizó a las FARC y mejoró la percepción de seguridad, ganándole un apoyo que rondaba el 70% durante su mandato.
Sin embargo, su gobierno enfrentó críticas por más de 6,000 “falsos positivos” —civiles asesinados por militares, disfrazados como guerrilleros para inflar resultados— y por el 40% de las ocho millones de víctimas del conflicto (desplazados, muertos y heridos) registradas en su periodo. Estas acusaciones, junto al caso actual, han polarizado a Colombia, con el uribismo denunciando persecución y la izquierda celebrando un avance judicial.
La libertad provisional no absuelve a Uribe, y el desenlace dependerá del Tribunal Superior de Bogotá. Mientras, el caso reaviva debates sobre la independencia judicial y el legado de un líder que transformó la seguridad nacional, pero cuyo mandato sigue bajo escrutinio por violaciones a los derechos humanos.
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