El gobierno de Venezuela ordenó la suspensión por 30 días de toda actividad relacionada con drones, incluyendo compra, venta, importación, capacitación y vuelos en territorio nacional. La medida, publicada en Gaceta Oficial, podrá ser prorrogada y será supervisada por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). La decisión coincide con el despliegue interno de 4,5 millones de milicianos y con la presencia de buques de guerra estadounidenses en el Caribe, como parte de un operativo contra el narcotráfico.
Restricciones sobre aeronaves pilotadas a distancia
De acuerdo con el Ministerio de Transporte, la prohibición aplica a aeronaves pilotadas o no pilotadas, aeromodelos y sus componentes. El INAC tendrá la facultad de resolver situaciones no contempladas en la resolución, lo que implica un control estricto sobre la operación y circulación de drones en el país.
El Partido Comunista de Venezuela cuestionó la medida al considerarla una “ofensiva antidemocrática y autoritaria” contra ciertos movimientos sociales, mientras sectores de la industria tecnológica y audiovisual expresaron preocupación por el impacto en sus actividades.
Contexto de tensiones militares y políticas
El anuncio ocurre un día después de que el gobierno venezolano desplegara 4,5 millones de milicianos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), a quienes se pidió mantenerse “activados y armados”. Según la versión oficial, este despliegue forma parte de un “plan de paz”, aunque no se especificaron las zonas donde operarán las milicias.
Al mismo tiempo, Estados Unidos reforzó su presencia militar en la región con tres buques de guerra, submarinos nucleares, aviones de reconocimiento P8 Poseidon y unos 4.000 infantes de Marina. La Casa Blanca advirtió que está dispuesta a “usar todo su poder” para frenar el narcotráfico en el Caribe, y señaló que las fuerzas están listas para actuar contra organizaciones vinculadas al tráfico de drogas.
Reacciones internacionales y posibles consecuencias
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reiteró que la administración de Donald Trump considera ilegítimo al actual gobierno venezolano y lo acusa de estar vinculado al narcotráfico. En respuesta, autoridades venezolanas aseguraron que sus fuerzas de seguridad también se encuentran desplegadas en aguas territoriales.
La restricción sobre drones en Venezuela, aunque temporal, plantea interrogantes sobre el alcance de la medida y sus efectos en sectores civiles, comerciales y de investigación que dependen de esta tecnología. Analistas advierten que la resolución podría extenderse más allá de los 30 días establecidos, en un escenario marcado por tensiones con Estados Unidos y un creciente despliegue militar en la región.
Especialistas en seguridad señalan que la limitación de drones podría estar vinculada a un intento de evitar su uso para labores de espionaje o vigilancia en un momento de máxima tensión geopolítica. En años anteriores, drones civiles han sido interceptados cerca de instalaciones militares y edificios gubernamentales en Caracas, lo que ha motivado regulaciones cada vez más estrictas.
Por otro lado, organizaciones de derechos humanos insisten en que el uso de estas restricciones de seguridad de manera generalizada puede tener consecuencias sobre la libertad de información y el trabajo de periodistas o activistas que utilizan drones para documentar actividades en zonas urbanas y rurales. Para ellos, la medida representa un retroceso que limita la transparencia en un país ya marcado por denuncias de censura y falta de acceso a datos públicos.
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