La frontera colombo-venezolana amaneció con carteles que recuerdan las recompensas ofrecidas por Estados Unidos a quienes proporcionen información sobre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. La acción refleja el incremento de la presión internacional sobre la cúpula venezolana por presuntos delitos de narcoterrorismo y corrupción. Las autoridades locales retiraron las vallas por carecer de permisos, mientras Washington refuerza su estrategia judicial y financiera contra el régimen.
El 23 de agosto de 2025, la carretera que conecta Cúcuta, Colombia, con Venezuela se vio alterada por la aparición de pancartas que detallaban las recompensas ofrecidas por Estados Unidos por información sobre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Las recompensas, de 50 millones y 25 millones de dólares respectivamente, forman parte del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP), diseñado para fortalecer la capacidad de las agencias federales estadounidenses en la lucha contra redes delictivas transnacionales.
Según reportes, las vallas fueron retiradas horas después por personas no identificadas, generando viralización en redes sociales de un video en el que un hombre desinstala el cartel. Las autoridades de Villa del Rosario, municipio colombiano fronterizo, informaron que la instalación no contaba con permisos oficiales, por lo que se procedió a su desmonte inmediato.
El secretario de Gobierno local, José Guillermo Ruiz, destacó que la acción fue tomada “sin ningún tipo de autorización ni cumpliendo los requisitos establecidos por la administración municipal”.
Presión internacional y contexto legal
El incremento de las recompensas se produce en un contexto de creciente presión internacional hacia la administración venezolana, con acusaciones de narcoterrorismo, conspiración y envío de cocaína a Estados Unidos. Además, Maduro y Cabello son señalados como líderes del llamado Cartel de los Soles, una estructura que, según autoridades estadounidenses, involucra a funcionarios civiles y militares venezolanos de alto rango en el tráfico sistemático de drogas.
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., enfatizó en redes sociales que “el dictador Nicolás Maduro debe ser llevado ante la Justicia”, reafirmando el compromiso estadounidense de perseguir judicialmente a la cúpula del régimen. La medida incluye confiscaciones de activos atribuidos a Maduro por un valor aproximado de 700 millones de dólares, entre ellos aviones, propiedades y bienes de lujo, reforzando la presión económica y política sobre el régimen venezolano.
Vallas pueden influir en la percepción internacional del régimen venezolano y su aislamiento diplomático
La acción en la frontera también revela tensiones en la región sobre la presencia y visibilidad de este tipo de anuncios. El cartel incluía un correo electrónico para recibir información, aunque su instalación sin permisos muestra la dificultad de coordinar operaciones de este tipo entre jurisdicciones fronterizas.
Analistas señalan que la visibilidad pública de estas recompensas, aun cuando se retire el cartel, puede influir en la percepción internacional del régimen venezolano y su aislamiento diplomático. El caso refleja cómo las estrategias estadounidenses combinan sanciones económicas, medidas judiciales y recompensas públicas para presionar a líderes acusados de narcoterrorismo y corrupción.
Estados Unidos, además de reforzar la vigilancia fronteriza y judicial, continúa promoviendo cooperación internacional en materia de seguridad, buscando desarticular las redes transnacionales de tráfico de drogas vinculadas con la administración venezolana. Esta acción subraya la intención de Washington de ejercer presión sostenida sobre el régimen de Caracas y de involucrar a actores regionales en su estrategia.
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