Una juez de Colombia condenó a siete años de reclusión a un adolescente de 15 años que aceptó haber disparado al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay durante un mitin en Bogotá el pasado 7 de junio. El aspirante falleció tras dos meses en cuidados intensivos, lo que desató indignación en la política colombiana. Debido a su edad, el joven recibirá una sanción especial en un centro para menores, y no las penas aplicables a un adulto.
Menor aceptó los cargos por el crimen político
La Fiscalía General de Colombia informó que el menor admitió los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Según la investigación, recibió una pistola poco antes del atentado y aprovechó un acto de campaña en un parque de Bogotá para disparar por la espalda a Uribe Turbay.
En su intento de huida, fue retenido por integrantes del esquema de seguridad del político y posteriormente capturado. La decisión judicial de enviarlo a un centro de reclusión juvenil por siete años generó debate público, pues varios sectores consideran que la sanción resulta insuficiente frente a la gravedad del crimen.
Investigación apunta a autores intelectuales del ataque
El menor no habría actuado solo. De acuerdo con las autoridades, fue manipulado por Elder José Arteaga, alias “Chipi”, señalado como el principal planeador del atentado. Además, cinco personas más ya han sido detenidas en relación con el caso, aunque aún falta identificar a los autores intelectuales.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, sostuvo que la principal hipótesis apunta a la disidencia armada conocida como Segunda Marquetalia, heredera de la extinta guerrilla de las FARC. Aunque la investigación sigue abierta, la familia de la víctima insiste en que el asesinato debe ser catalogado como un crimen de lesa humanidad para evitar que prescriba en el futuro.
Legado político tras el asesinato de Uribe Turbay
Miguel Uribe Turbay, de filiación conservadora, había sido una de las voces más críticas contra el presidente Gustavo Petro, primer mandatario de izquierda en Colombia. En octubre del año pasado había confirmado su aspiración presidencial, perfilándose como una figura de oposición clave.
Tras su muerte, su padre, Miguel Uribe Londoño, asumió la candidatura con la promesa de continuar el proyecto político de su hijo. En los funerales, la familia subrayó que el asesinato no solo truncó la vida de un joven aspirante, sino que también buscó silenciar a una corriente opositora en el país.
El caso se mantiene bajo la lupa internacional debido a que revive los fantasmas de la violencia política en Colombia, donde los crímenes contra candidatos y líderes sociales han marcado la historia reciente.
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