El Gobierno de Perú rechazó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el expresidente Pedro Castillo, subrayando que no se trata de un perseguido político. La cancillería peruana recordó que Castillo fue destituido por intentar disolver el Congreso y alterar el orden constitucional en 2022, y enfatizó que su situación jurídica sigue los procedimientos legales peruanos.
Perú responde a México sobre Pedro Castillo
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú aclaró que las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum violan principios de la Carta de la OEA y reflejan desconocimiento de la realidad peruana. Castillo, quien enfrentó un fallido intento de golpe de Estado en diciembre de 2022, no puede ser considerado un perseguido político, enfatizó la cancillería.
El comunicado detalló que los actos del exmandatario constituyeron un “golpe de Estado fallido” y un “quiebre manifiesto de la institucionalidad democrática”, debidamente sancionado conforme a la legislación peruana. Asimismo, se subrayó que su proceso legal respeta el Estado de derecho, el debido proceso y las garantías constitucionales.
México expresó solidaridad con Castillo y su familia
El 29 de agosto, Sheinbaum publicó un mensaje en la red social X en el que expresó su solidaridad con Castillo y su familia, calificando su situación como un caso de persecución política y discriminación en América Latina. La mandataria mexicana también pidió a la ONU garantizar los derechos humanos y la justicia en el caso del expresidente.
Sin embargo, la cancillería peruana consideró esta postura como “ideologizada” y contraria a los principios del derecho internacional. Señaló que incluso el secretario general de la ONU condenó cualquier intento de subvertir el orden democrático en Perú, reafirmando la legitimidad de las acciones del Congreso y del sistema judicial peruano.
Situación legal y ubicación de Pedro Castillo
Tras su intento de disolver el Congreso y alterar el orden constitucional, Castillo fue detenido por su propia escolta mientras su familia logró asilo en México. La vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia el mismo día y concluirá su mandato el próximo año.
Actualmente, Castillo se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, al este de Lima, enfrentando un juicio por rebelión con una petición de 34 años de prisión. Perú reafirma que toda acción contra el expresidente se realiza en estricto apego a la ley y sin fines de persecución política.
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