Este martes, el Supremo Tribunal Federal de Brasil da inicio a la fase de veredicto del juicio contra el ex presidente Jair Bolsonaro, acusado de intentar revertir su derrota electoral de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El proceso involucra a siete ex ministros y ex generales y podría derivar en una condena de hasta 43 años de prisión, un hecho sin precedentes que pone a prueba la estabilidad democrática y atrae atención internacional, especialmente de EE. UU.
El caso se centra en cinco cargos que incluyen la supuesta creación de una organización criminal para impedir la asunción de Lula mediante desestabilización institucional y fomento de desconfianza en el sistema electoral. Entre los elementos presentados por la fiscalía destacan la campaña de deslegitimación del voto electrónico y un plan que contemplaba declarar un estado de emergencia, forzar nuevas elecciones e incluso eliminar figuras clave como Lula, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez Alexandre de Moraes.
Bolsonaro, de 70 años y en arresto domiciliario, no asistirá a la audiencia, pero seguirá el desarrollo desde su residencia. Su abogado sostiene que es víctima de persecución política y que no tiene responsabilidad penal en los hechos que se le imputan. La defensa insiste en que el juicio carece de fundamentos legales suficientes y destaca que el ex mandatario se encontraba fuera del país durante los episodios críticos.
La seguridad en Brasilia se ha reforzado ante la máxima tensión que genera el proceso. Recordando los hechos del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes radicalizados del ex gobernante atacaron el palacio presidencial, el Congreso y la sede del Supremo, las autoridades buscan evitar incidentes similares durante las deliberaciones. Aunque Bolsonaro estaba en EE. UU. durante aquel asalto, la fiscalía lo considera instigador central del episodio.
La sesión y el impacto internacional
La sesión inaugural incluirá un resumen de pruebas por parte del juez Alexandre de Moraes, seguido de los alegatos finales de acusación y defensa. La decisión final dependerá del voto de cinco magistrados y se espera que al menos tres de ellos respalden una eventual condena. Fuentes políticas y jurídicas indican que el resultado podría conocerse antes del 12 de septiembre, aunque la expectativa es alta tanto dentro como fuera del país.
El proceso ha captado la atención de líderes internacionales. El presidente Donald Trump ha calificado el juicio de “caza de brujas” y criticó al sistema judicial brasileño. Su postura ha sido replicada por sectores bolsonaristas, que consideran que la presión internacional podría favorecer al ex mandatario. Por el contrario, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil local enfatizan la necesidad de esclarecer los hechos y fortalecer la democracia, recordando los 40 años transcurridos desde el fin de la dictadura militar.
El juicio también puede definir el futuro político de Bolsonaro. De ser condenado, su candidatura quedaría en riesgo, ya que una sentencia firme lo inhabilitaría para ocupar cargos públicos. Sus aliados, conscientes de la situación, buscan impulsar una ley de amnistía que eventualmente podría revisar la condena, extendiendo la batalla judicial y política por meses.
El seguimiento de este caso será intenso en Brasil y en la comunidad internacional, en un contexto de polarización política profunda y con el desafío de consolidar las instituciones democráticas ante amenazas a la legalidad y el orden institucional.
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