Una red millonaria de corrupción que operaba en la aduana de Tampico, Tamaulipas, fue desmantelada gracias a la colaboración del exdirector del recinto portuario con la Fiscalía General de la República (FGR). El esquema, que involucraba a altos mandos de la Marina y funcionarios aduanales, permitía el atraque de buques cargados con combustible ilegal mediante sobornos, falseo de documentos y pagos millonarios, revelan diarios locales. La investigación revela que la organización, conocida como “Los Primos”, operó por casi dos años y gestionaba millones de pesos en sobornos por cada embarque, involucrando a familiares de exfuncionarios de alto rango.
Las autoridades mexicanas lograron exponer un esquema de corrupción multimillonario conocido como “huachicol fiscal” en la aduana de Tampico, Tamaulipas, con la colaboración del exdirector del puerto, quien ahora funge como testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR).
La red y sus implicados
De acuerdo con reportes de Milenio y Reforma, la red estaba dirigida por la organización apodada “Los Primos”, encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, contralmirante Fernando Farías, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. La operación se prolongó por casi dos años y consistía en permitir el atraque de buques cargados con combustible ilegal, desviando pagos millonarios mediante sobornos a funcionarios aduanales y mandos de la Marina.
Según los testimonios, cada embarque estaba sujeto al pago de una cuota de un millón 750 mil pesos, repartida entre los participantes de la red. Para ocultar la operación, los manifiestos de carga eran falsificados, declarando que los buques transportaban “aditivos para aceites lubricantes a granel”.
Confesiones del exdirector de aduana
El testigo protegido, identificado como el Capitán Alejandro Torres Joaquín, dirigió la aduana de Tampico entre 2023 y 2025. Torres Joaquín admitió ante la FGR haber permitido el desembarco de 14 buques con combustible ilegal entre abril de 2024 y enero de 2025, recibiendo un total de 24 millones 500 mil pesos en sobornos. De los pagos por cada embarque, el exfuncionario retenía la mayor parte y distribuía solo una fracción entre seis subordinados, aunque el dinero estaba destinado a doce personas.
El intermediario para la entrega del dinero fue el Capitán de Corbeta Retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “NK”, actualmente prófugo de la justicia. La decisión de Torres Joaquín de colaborar con las autoridades surgió tras un presunto secuestro que lo hizo temer por su vida. En su declaración, reconoció sentirse “triste, impotente y avergonzado por no haber actuado antes”.
Reacción de las autoridades y contexto institucional
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, confirmó que fue el propio almirante José Rafael Ojeda quien, hace dos años, alertó sobre irregularidades en la institución y solicitó investigar a fondo a todos los posibles implicados, sin buscar protección para sus familiares. La FGR investiga ahora a todos los involucrados en esta red, que mezcla tráfico ilegal de combustible con corrupción dentro de la estructura aduanal y naval de Tamaulipas.
El caso expone la complejidad de las redes de huachicol fiscal, que no solo afectan las finanzas públicas, sino también la credibilidad de instituciones encargadas de la seguridad y vigilancia portuaria. La confesión del exdirector de aduana ha permitido a la FGR avanzar en desmantelar una operación que podría haber beneficiado a la organización de “Los Primos” con decenas de millones de pesos y mantener el flujo de combustible ilegal hacia diferentes puntos del país.
Impacto y próximos pasos
Expertos en seguridad y finanzas públicas señalan que este caso refleja la necesidad de reforzar la transparencia en las aduanas mexicanas y de implementar controles más estrictos para prevenir sobornos, falsificación de documentos y complicidad de funcionarios en operaciones ilegales. La colaboración de Torres Joaquín con la FGR es clave para identificar a todos los actores involucrados y recuperar recursos desviados, además de generar precedentes para combatir redes similares en otras aduanas.
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