El 8 de septiembre de 2025, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó, con 12 votos a favor y 6 en contra, una moción para declarar persona no grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, debido a sus declaraciones en apoyo al expresidente peruano Pedro Castillo, encarcelado desde diciembre de 2022 por cargos de rebelión y corrupción tras un intento fallido de disolver el Congreso.
La moción, impulsada por el fujimorista Ernesto Bustamante y respaldada por Patricia Juárez (Fuerza Popular) y María del Carmen Alva (no agrupada), califica las palabras de Sheinbaum como una “inaceptable injerencia” en los asuntos internos de Perú y una “ofensa al sistema democrático nacional”. La medida, que aún debe ser ratificada por el Pleno del Congreso, ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores difundirla por canales diplomáticos.
Contexto de la controversia
La tensión diplomática se desató tras las declaraciones de Sheinbaum el 29 de agosto de 2025, cuando publicó en X: “Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, injustamente encarcelado en el Perú. La libertad de Castillo es también la defensa de la democracia”.
La mandataria expresó solidaridad con Castillo, calificando su caso como un “precedente de persecución política y discriminación” y exhortando a la ONU a intervenir. Estas palabras fueron interpretadas por el Congreso peruano como una violación a la soberanía nacional y a la Doctrina Estrada, principio mexicano de no intervención en asuntos internos de otros países.
Bustamante acusó a Sheinbaum de mantener una “posición hostil” hacia Perú desde que asumió la presidencia en octubre de 2024, siendo la “única jefa de Estado” en criticar abiertamente el encarcelamiento de Castillo. Además, hizo afirmaciones controvertidas, sin pruebas verificables, sobre supuestos vínculos de Sheinbaum y su partido, Morena, con el narcotráfico, incluyendo el Cártel de Sinaloa y redes venezolanas. Estas acusaciones fueron rechazadas por legisladores de izquierda como Álex Flores, quien argumentó que las declaraciones de Sheinbaum son opiniones personales, no actos oficiales de injerencia.
Antecedentes y reacciones
Las relaciones entre México y Perú han sido tensas desde el 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo intentó disolver el Congreso, fue destituido y detenido mientras se dirigía a la Embajada de México en Lima. México, bajo Andrés Manuel López Obrador, también declarado persona non grata en 2023, otorgó asilo a la familia de Castillo, lo que llevó a la ruptura diplomática y la reducción de relaciones a nivel de encargados de negocios. Sheinbaum, siguiendo la línea de su predecesor, ha calificado a Castillo como el “legítimo presidente” y a su destitución como un “golpe de las élites”.
La Cancillería peruana, en un comunicado del 30 de agosto, rechazó las declaraciones de Sheinbaum como “falsas” y una violación de la Carta de la OEA, insistiendo que Castillo no es un perseguido político sino un responsable de un “flagrante quiebre constitucional”. María del Carmen Alva aclaró que la moción no es contra el pueblo mexicano, sino una defensa de la soberanía peruana. Sin embargo, la medida ha generado críticas internas, con legisladores como Margot Palacios pidiendo evitar escalar el conflicto.
Implicaciones diplomáticas
La declaración de persona no grata, aunque simbólica, podría agravar la ya frágil relación bilateral, especialmente en el marco de la Alianza del Pacífico, donde ambos países son socios. Perú ha aplicado esta medida a otros líderes de izquierda, como Evo Morales y Gustavo Petro, por respaldar a Castillo. La moción, que requiere 66 votos de los 130 escaños del Pleno para ser ratificada, se debatirá en los próximos días, según El Comercio. México aún no ha respondido oficialmente, pero la postura de Sheinbaum refleja su compromiso con una política exterior progresista, en línea con su reciente mensaje celebrando la democracia en Argentina tras la victoria de Fuerza Patria.
Este episodio subraya las tensiones ideológicas entre el gobierno conservador de Dina Boluarte y el proyecto de la Cuarta Transformación de Sheinbaum, mientras el caso de Castillo sigue polarizando la región.
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