El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue sentenciado a 27 años y tres meses de cárcel por conspirar contra el orden democrático tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La Primera Sala de la Corte Suprema dictó el fallo con una votación de cuatro a uno, en un proceso que marca un precedente histórico en la justicia brasileña. La condena también alcanza a otros siete acusados, entre exministros y antiguos altos mandos militares, señalados de integrar una organización criminal con fines golpistas.
Corte Suprema confirma responsabilidad directa
El voto definitivo fue emitido por Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala y antiguo abogado de Lula da Silva, quien señaló que las pruebas demuestran la existencia de un plan estructurado para quebrar el Estado democrático de derecho.
Según Zanin, la Fiscalía logró acreditar que el grupo estaba jerárquicamente organizado y buscaba garantizar la permanencia de Bolsonaro en el poder mediante métodos criminales. La mayoría de los jueces coincidió en que el exmandatario lideró la operación.
De acuerdo con la sentencia, Bolsonaro y sus colaboradores actuaron con la intención de abolir el sistema democrático, impulsar un golpe de Estado y consolidar una dictadura. La acusación detalla que se trató de una trama de alcance nacional que involucró campamentos de seguidores en Brasilia, desde donde se organizó el asalto violento a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023.
Delitos atribuidos a Bolsonaro y aliados
La Fiscalía presentó cargos por cinco delitos: abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado. Aunque la pena máxima podía superar los 40 años de prisión, la Corte determinó 27 años y tres meses para Bolsonaro.
La decisión no descarta futuras revisiones en instancias superiores, pero la condena representa un golpe político y jurídico sin precedentes contra un expresidente brasileño.
Los jueces resaltaron que la conspiración se gestó inmediatamente después de la derrota electoral. Según el fallo, Bolsonaro alentó a sus seguidores a desconocer los resultados y permitió que se montara una red de logística y financiamiento para sostener las protestas y preparar la irrupción en los edificios oficiales. Estas acciones culminaron en la invasión del Palacio de Planalto, el Congreso y la propia Corte Suprema.
Un capítulo crítico en la política brasileña
El juicio y la condena han polarizado aún más la política en Brasil. Para los seguidores de Lula da Silva, la decisión de la Corte reafirma la fortaleza de las instituciones frente a intentos autoritarios. En cambio, sectores de ultraderecha consideran la sentencia como una persecución política. Bolsonaro, quien mantiene una base de apoyo significativa, ha rechazado las acusaciones y sostiene que su intención nunca fue instaurar una dictadura.
El desenlace judicial tiene repercusiones regionales, ya que Brasil se convierte en uno de los pocos países latinoamericanos donde un expresidente es condenado a una pena tan severa por intentar subvertir el orden constitucional. El caso se suma a un historial reciente de tensiones políticas en la región vinculadas a líderes que buscan perpetuarse en el poder.
La Corte aún debe discutir la situación de los demás acusados, quienes enfrentan condenas que podrían llegar a 43 años de cárcel. Mientras tanto, el fallo contra Bolsonaro marca un antes y un después en la historia democrática brasileña, enviando un mensaje de advertencia a cualquier intento de quebrantar el sistema institucional.
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