La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a Cancún como uno de los ocho puertos del país donde operaban redes de contrabando de combustible, dentro del caso del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente preso en el penal de El Altiplano por delincuencia organizada. El hallazgo forma parte de un análisis elaborado por el Centro Federal de Inteligencia Criminal y fechado el 11 de junio, que también incluye los puertos de Altamira, Veracruz, Ensenada, Lázaro Cárdenas, Guaymas, La Paz y Mazatlán.
Más de 500 empresas bajo investigación
La FGR detectó al menos 555 empresas vinculadas al huachicol fiscal, de las cuales 108 presentan irregularidades en la importación, exportación y comercialización de combustibles. Entre las compañías señaladas se encuentran Altos Energéticos Mexicanos, Grupo Base Energéticos, Grupo Potesta, Era Tech Combustibles y Transportadora del Pacífico y del Golfo de México.
Las irregularidades incluyen:
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Pedimentos de importación clonados.
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Descargas de combustible sin documentación en puertos como Veracruz y Lázaro Cárdenas.
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Transporte de hidrocarburos sin permisos de la CRE.
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Facturas que no coinciden con los registros de importación.
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Venta de combustibles adulterados o por debajo de los precios de mercado.
Modus operandi de los grupos criminales
El primer esquema detectado consistía en comprar combustible en Estados Unidos, simular importaciones legales con pedimentos falsificados y venderlo en México a precios más bajos.
Un segundo modus operandi se realizaba en Veracruz, donde embarcaciones descargaban hidrocarburos sin acreditar su origen legal; si no podían completar la operación, regresaban a mar abierto y repetían el procedimiento con nueva documentación apócrifa.
Vínculos telefónicos con aduanas y marinos
Dentro de la causa penal 692/2025-I, la investigación identificó 101 números telefónicos vinculados a empresas y personas físicas relacionadas con el contrabando. En el caso del vicealmirante Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, se documentaron 13 273 registros de comunicaciones vinculados a cuatro aduanas, entre julio de 2023 y junio de 2025.
Las indagatorias apuntan a que estas operaciones contaron con la participación de autoridades y organizaciones criminales, que falsificaban documentación para dar apariencia de legalidad a la importación y exportación de hidrocarburos, afectando gravemente la seguridad energética del país.
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