Después de casi dos décadas de discusiones diplomáticas y científicas, la comunidad internacional alcanzó un acuerdo histórico destinado a preservar la biodiversidad en los océanos más allá de las jurisdicciones nacionales, conocidos como alta mar. Este tratado marca un hito en la gobernanza de los bienes comunes del planeta, al establecer un marco legal que regula actividades humanas que hasta ahora operaban prácticamente sin supervisión.
El acuerdo busca crear Áreas Marinas Protegidas (AMP) y consolidar mecanismos de cooperación entre los Estados, con el objetivo de reducir los impactos acumulativos de la pesca industrial, el transporte marítimo, la explotación de recursos y prácticas emergentes como la minería de fondos marinos o el almacenamiento de carbono en aguas profundas. Para expertos en conservación, esto significa que la alta mar ya no podrá considerarse un territorio “fuera del radar” y que la acción preventiva se convierte en un principio rector de la protección oceánica.
Jessica Battle, especialista en gobernanza oceánica del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), resaltó que la implementación de evaluaciones de impacto ambiental para todas las actividades en alta mar permitirá anticipar daños y orientar la economía azul hacia modelos sostenibles. “Ahora es posible medir cómo cada acción humana afecta los ecosistemas marinos y diseñar políticas de cooperación internacional que mitiguen esos impactos”, señaló.
Marco Global de Biodiversidad
El tratado se vincula directamente con los compromisos del Marco Global de Biodiversidad, que establece la meta de proteger al menos el 30 % de los océanos y restaurar áreas degradadas para 2030. Pepe Clarke, líder de la práctica global de océanos de WWF, subrayó la relevancia de este acuerdo como un “nuevo paradigma de responsabilidad colectiva sobre los bienes comunes más importantes del planeta”.
Otro avance significativo del pacto es la creación de un organismo científico y técnico que asesorará la selección de áreas protegidas y evaluará las medidas de conservación propuestas, así como un comité de implementación y un mecanismo para resolver disputas entre estados. Además, los países desarrollados deberán transferir conocimientos y tecnología a naciones en desarrollo, buscando equidad en la gestión de los recursos oceánicos.
A pesar del optimismo generado, WWF advierte que la eficacia del tratado dependerá de la ratificación y ejecución por parte de los países firmantes. “Es un logro histórico, pero las palabras deben traducirse en acción concreta; los océanos no pueden esperar”, enfatizó Battle.
Analistas internacionales consideran que este acuerdo no solo tiene un impacto ambiental, sino también geopolítico y económico. La regulación de actividades en alta mar podría reconfigurar la industria pesquera, las rutas de transporte marítimo y la explotación de recursos, incentivando modelos sostenibles y promoviendo la cooperación internacional en un contexto donde los océanos representan un capital natural estratégico y vulnerable.
En términos prácticos, la implementación del tratado permitirá una planificación más coordinada, evitará la sobreexplotación de especies y reducirá conflictos entre países por recursos marinos. Además, abre la puerta a una gobernanza basada en evidencia científica y criterios ambientales que podrían inspirar otros ámbitos de política internacional relacionados con los bienes comunes globales.
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