La comunidad internacional expresó preocupación por la situación de derechos humanos en Venezuela, luego de la presentación del informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, que documenta detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia tras las elecciones presidenciales de 2024.
El informe, presentado este lunes en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, abarca hechos ocurridos entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, e incluye evidencia de represión dirigida a opositores, periodistas y manifestantes. La presidenta de la Comisión, la jurista portuguesa Marta Valiñas, indicó que “la persecución política ha continuado en 2025 contra quienes defienden los derechos humanos y las libertades”.
Reacciones internacionales
La Unión Europea (UE) expresó su profunda preocupación por los actos de represión señalados en el informe, especialmente contra ciudadanos disidentes, e instó a que se investiguen los hechos y que los responsables rindan cuentas. Asimismo, pidió la liberación inmediata de todos los detenidos, incluidos extranjeros, y el cese de acusaciones contra organizaciones no gubernamentales.
España coincidió con la UE, calificando de “alarmante” el aumento de la represión tras los comicios de 2024 y solicitó la liberación de sus ciudadanos detenidos arbitrariamente. Argentina también denunció la detención de extranjeros y solicitó su liberación, haciendo referencia a casos específicos de ciudadanos argentinos aún bajo custodia. Chile, Paraguay y Perú manifestaron preocupación por la escalada de hostigamiento, encarcelamiento y desaparición forzada de opositores, periodistas y activistas en Venezuela.
Brasil, por su parte, mostró inquietud tanto por las detenciones de carácter político como por sanciones unilaterales y operaciones militares extranjeras que, según señaló, podrían afectar los derechos humanos.
En contraste, países aliados del régimen venezolano como Irán, Rusia, Corea del Norte y Zimbabue cuestionaron la legitimidad de la Misión de la ONU y criticaron las sanciones internacionales impuestas al país.
Hallazgos de la misión de la ONU
El informe documenta 25 muertes relacionadas con la represión, de las cuales se examinaron 14 casos, y señala la participación de las fuerzas de seguridad en al menos 12 de ellos. Se registraron incidentes con munición real en manifestaciones, como en Maracay, donde seis personas murieron durante enfrentamientos con miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y del Ejército.
Según la Comisión, la Fiscalía venezolana no ha informado sobre avances en las investigaciones un año después de los hechos, lo que mantiene a las víctimas en una situación de impunidad. La misión de la ONU concluyó que “no existe autoridad nacional que haya demostrado capacidad para prevenir, perseguir y sancionar las violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes internacionales”, dejando la responsabilidad de garantizar justicia en manos de la comunidad internacional.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU recibió el informe como un llamado a que Venezuela adopte medidas concretas para proteger los derechos de todos sus ciudadanos y permita la rendición de cuentas sobre los hechos documentados.
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