El Senado de la República aprobó de manera unánime una reforma constitucional que busca cerrar los vacíos legales en materia de extorsión y homologar las penalidades en todo el país. Con 106 votos a favor, los legisladores avalaron el dictamen que modifica el artículo 73 de la Constitución y lo enviaron a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México para su análisis y eventual ratificación. La medida forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y pretende fortalecer la coordinación entre la Federación y los estados, así como evitar la fragmentación jurídica que por años ha favorecido a la delincuencia organizada.
Reforma busca unificar criterios y cerrar vacíos legales
Durante la sesión, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, destacó que la reforma permitirá perseguir de oficio el delito de extorsión, unificar criterios de investigación y sanción, además de homologar agravantes en todas las entidades federativas. Explicó que la disparidad normativa entre el Código Penal Federal y los códigos locales ha permitido que grupos criminales se amparen en contradicciones legales para evadir responsabilidades, lo que ha provocado inseguridad jurídica y desprotección a las víctimas.
El dictamen aprobado señala que expedir una ley general en la materia es un paso indispensable para garantizar un marco jurídico uniforme en todo el país. Al respecto, Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que la reforma “protegerá de manera integral a la sociedad, al fortalecer la coordinación de los tres niveles de gobierno para prevenir, investigar y sancionar este delito”.
Cantón Zetina recalcó que la extorsión es un mal que afecta a todo México en múltiples modalidades, desde llamadas intimidatorias hasta el “cobro de piso”, y advirtió que la disparidad en las legislaciones estatales ha permitido su expansión. “Es una sombra letal que sacrifica vidas, destruye familias y frena la actividad económica del país”, afirmó.
La presidenta de la Comisión de Seguridad, Lucía Trasviña Waldenrath, coincidió en que la extorsión “no es un delito menor ni aislado, sino un flagelo que lacera hogares, negocios e instituciones”. Resaltó que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2025 se registró un promedio de casi 30 casos diarios, lo que representa un aumento del 57% en los últimos seis años.
Impacto económico y voces en el debate
De acuerdo con datos del INEGI, en 2023 la extorsión fue el delito más frecuente contra unidades económicas, con un costo superior a 124 mil millones de pesos, equivalentes al 0.51% del PIB nacional. Esta cifra refleja cómo el crimen no solo golpea a víctimas individuales, sino también a la economía del país en su conjunto.
El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, subrayó que la extorsión erosiona el comercio local y desincentiva el emprendimiento. Recordó que las carpetas de investigación crecieron de entre 400 y 500 en 2015 a más de 850 en 2025.
La senadora Carolina Viggiano, del PRI, señaló que la impunidad desincentiva la denuncia y que en muchas comunidades el “cobro de piso” se ha normalizado en negocios, mientras que Verónica Rodríguez Hernández, del PAN, respaldó la necesidad de homologar la regulación, aunque advirtió que legislar no será suficiente sin una estrategia integral de seguridad.
El régimen transitorio de la reforma establece que el Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días, a partir de la entrada en vigor del decreto, para expedir la nueva ley general contra la extorsión. Mientras tanto, continuarán aplicándose las leyes vigentes a nivel federal y local. El documento también establece que los estados deberán armonizar sus normativas con la futura ley en un plazo definido.
Con esta decisión, el Senado busca no solo endurecer el marco jurídico, sino también enviar un mensaje de coordinación frente a un delito que, según legisladores de todos los partidos, se ha convertido en una de las principales amenazas contra la seguridad y la economía nacional.
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