El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra 26 presuntos miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa por tráfico de metanfetamina, fentanilo y cocaína, así como por operaciones de lavado de dinero hacia México. La acusación se formalizó ante el Distrito Sur de Illinois y se enmarca dentro de la operación “Recuperemos América”, una iniciativa nacional destinada a desmantelar organizaciones criminales transnacionales.
Durante una semana, la Administración de Control de Drogas (DEA), en colaboración con otras agencias federales, logró la detención de 15 de los 26 miembros acusados. La investigación incluyó incautaciones significativas: más de 400 kilogramos de fentanilo, casi 80 kilogramos de metanfetamina y 50 kilogramos de cocaína en comunidades del sur de Illinois y alrededores, según detalló la fiscal general Pamela Bondi. “Estas imputaciones representan un duro golpe a la infraestructura de esta organización terrorista y cumplen la misión del presidente Donald Trump de desmantelar los cárteles”, afirmó Bondi.
Los acusados incluyen a Próspero Coronel-Sánchez (“Pro”), José Luis Angulo-Soto (“El Mi Niño”), Ángel Alemán Alatorre-Monge, Leobardo Alcaraz-Ibarra, Miguel Ángel Aramburo Jr., Manuel Buenrostro, Óscar Bryan Castro y Carlos Díaz Jr., entre otros. La lista completa suma 26 personas señaladas por su participación en operaciones delictivas que abarcan tráfico de drogas y lavado de dinero a gran escala.
Red de lavado de dinero y violencia transnacional
El fiscal federal Steven D. Weinhoeft, del Distrito Sur de Illinois, destacó que el Cártel de Sinaloa opera como una organización criminal internacional que genera terror mediante intimidación, tortura y asesinatos, financiando estas acciones a través de la distribución de drogas en Estados Unidos. El operativo permitió exponer una red de lavado de dinero que movía millones de dólares en ganancias del cártel a través de bancos estadounidenses, según detalló Terrance Cole, de la DEA.
La acusación formal señala que los líderes del cártel utilizan violencia premeditada para controlar territorio y debilitar la autoridad gubernamental, mientras canalizan las ganancias obtenidas del narcotráfico de regreso a México. La conducta imputada abarca actividades desde enero de 2020 hasta julio de 2025, con distribución de más de 50 gramos de metanfetamina, 400 gramos de fentanilo y cinco kilogramos de cocaína.
El presidente Donald Trump designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera (OTE), incluyendo a la agrupación entre ocho organizaciones criminales clasificadas como OTE y Terroristas Globales Especialmente Designados (TGED). Esta calificación permite a Estados Unidos desplegar recursos legales y financieros adicionales para desmantelar la red criminal y proteger a las comunidades.
El operativo refleja un esfuerzo coordinado del Departamento de Justicia y agencias federales para repeler la influencia de los cárteles y reducir la violencia vinculada al narcotráfico. Las autoridades reiteraron su compromiso de usar todas las herramientas disponibles para frenar a esta organización y fortalecer la seguridad en el país.
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