El caso de Paloma Nicole, adolescente de 14 años fallecida tras una cirugía estética en Durango, ha destapado un entramado de omisiones médicas, irregularidades legales y decisiones familiares cuestionables. La intervención quirúrgica fue gestionada por la madre y el padrastro de la menor, sin notificar al padre, y llevó a una serie de acciones y documentos dudosos que ahora son objeto de investigación por la Fiscalía General del Estado.
El 11 de septiembre, Paloma Nicole fue retirada de su escuela con el argumento de un malestar, acompañada por su madre, quien gestionó una prueba de covid-19 que resultó positiva. Se informó al padre que la menor estaría aislada en la sierra, pero en realidad la adolescente sería intervenida quirúrgicamente al día siguiente en la Clínica Santa María de Durango. La cirugía incluyó aumento mamario, liposucción y lipotransferencia a glúteos, sin que el padre fuera notificado ni otorgara consentimiento, pese a compartir la patria potestad.
Cinco días después, el 15 de septiembre, el padre recibió noticias de que Paloma estaba en paro cardiorrespiratorio y en coma, siendo falsamente informado de que el cuadro derivaba de covid-19. La verdad sobre la cirugía solo se descubrió en el velorio, al notar los implantes y cicatrices en el cuerpo de la menor.
Irregularidades médicas y legales detectadas
El caso revela múltiples fallos. La madre retiró a la menor del colegio con justificación médica posiblemente fabricada. La cirugía fue planificada y ejecutada sin consentimiento paterno, y hay dudas sobre la autenticidad de la prueba de antígenos que se utilizó para justificar el aislamiento. A pesar de los protocolos que desaconsejan procedimientos electivos en pacientes con covid-19, Paloma fue intervenida durante el periodo de aislamiento.
El consentimiento informado fue firmado únicamente por la madre, contraviniendo la ley que exige autorización de ambos padres. Además, la madre habría participado de manera ilegal en el quirófano junto al cirujano, su pareja, sin acreditación profesional, constituyendo usurpación de funciones. El personal médico omitió informar a familiares y a la propia clínica sobre la naturaleza y gravedad del procedimiento, atribuyendo falsamente el deterioro de la menor a covid-19.
El hospital no habría proporcionado atención crítica en un área de terapia intensiva adecuada, y el certificado de defunción se emitió de manera parcial, omitiendo relación con la cirugía. La familia paterna solo tuvo acceso a la información completa al abrir el féretro, y la documentación médica presenta posibles conflictos de interés.
La Fiscalía detuvo recientemente a la madre y al padrastro bajo cargos de omisión de cuidados, mientras se prevé que se sumen imputaciones adicionales conforme avance la investigación. Este caso ha generado debate sobre la protección de menores, los controles en procedimientos estéticos y la responsabilidad de instituciones médicas y familiares.
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