El presidente Nicolás Maduro firmó un decreto de conmoción exterior que le otorga poderes especiales en defensa y seguridad, en respuesta a lo que su gobierno califica como «amenazas directas» de Estados Unidos. La medida, anunciada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez durante un encuentro con el cuerpo diplomático, se activa inmediatamente ante cualquier «agresión» y surge en medio de un despliegue militar estadounidense en el Caribe, justificado por Washington como lucha contra el narcotráfico, pero denunciado por Caracas como un plan para forzar un «cambio de régimen». Maduro evaluó la declaratoria el 23 de septiembre junto a jefes de poderes públicos, movilizando a la nación para «responder a cualquier ataque», según sus palabras en una reunión de alto nivel.
Rodríguez enfatizó que el decreto «blinda constitucionalmente» las acciones del Estado venezolano.
«Lo que hace el Gobierno de Estados Unidos, con el señor de la guerra Marco Rubio al frente, es una amenaza prohibida por la Carta de las Naciones Unidas», afirmó la vicepresidenta, refiriéndose al secretario de Estado de Trump.
El despliegue de EE. UU. incluye al menos siete buques de guerra, un submarino nuclear y más de 4.500 marines y marineros en aguas cercanas a Venezuela, con operaciones que han incluido un ataque aéreo el 2 de septiembre contra una embarcación venezolana que dejó 11 muertos, calificado por Trump como un golpe al narcotráfico. Maduro, en su anuncio inicial, instó a «mantener en alto el fusil y la moral», mientras miles de chavistas y milicianos marcharon en Caracas con armas en mano para rechazar las «burlas» de Trump, quien compartió videos satíricos de entrenamientos militares venezolanos.
Este decreto no es el primero de Maduro en usar figuras de emergencia, pero sí el primero bajo el rubro de «conmoción exterior» por tensiones geopolíticas con EE. UU. en 2025. La oposición venezolana, liderada por figuras como María Corina Machado, lo califica de «maniobra para perpetuarse en el poder», mientras aliados como Rusia y China han expresado apoyo a la «soberanía» de Caracas. El objetivo declarado es activar «todas las fuerzas de la sociedad venezolana» para proteger la integridad territorial, en un contexto donde Trump ha designado a carteles como el Tren de Aragua —vinculado a Venezuela— como organizaciones terroristas.
Poderes en juego: ¿Qué implica la conmoción exterior?
Según el artículo 338 de la Constitución venezolana, el estado de conmoción interior o exterior se decreta ante un «conflicto interno o externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos o de sus instituciones». Esta figura otorga al Ejecutivo facultades excepcionales: movilización de tropas, restricciones a derechos civiles como la libertad de tránsito o expresión, control de medios de comunicación y adopción de medidas administrativas sin control parlamentario inmediato. Maduro lo justificó como un «respaldo para que cada ciudadano tenga protección», pero críticos advierten que podría usarse para suprimir disidencias internas, como en decretos previos de 2019 por protestas.
La duración inicial es de hasta 90 días, prorrogable por otros 90 con aprobación de la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo. En este caso, Rodríguez aclaró que se «activaría de manera inmediata» si EE. UU. «se atreve a agredir», permitiendo al presidente actuar con rapidez en defensa. Expertos como el constitucionalista José Luis Tamayo señalan que, aunque legal, su uso prolongado erosiona el equilibrio de poderes: «Es una herramienta para emergencias reales, no para tensiones diplomáticas perpetuas».
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