La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma histórica que garantiza el libre acceso de todas las personas a las playas mexicanas y a la zona federal marítimo-terrestre. Con 465 votos a favor, el dictamen modifica la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para asegurar que ningún ciudadano pueda ser restringido en su derecho de disfrutar los litorales.
El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro defendió la iniciativa con el argumento de que se pone fin a décadas de “privatización silenciosa”, en las que el acceso a playas se convirtió en un privilegio condicionado. “El Estado mexicano debe recuperar el control de los bienes nacionales y garantizar su uso para todos”, expuso en tribuna.
El documento aprobado establece que el ingreso será libre, gratuito y permanente, sin importar nacionalidad, condición social u origen. Asimismo, indica que ningún particular podrá imponer cobros, cuotas o condiciones restrictivas, salvo por disposiciones expresas en materia ambiental, de seguridad o de interés nacional. La iniciativa fue turnada al Senado, donde será discutida en las próximas semanas.
Autoridades federales, estatales y municipales tendrán la responsabilidad de garantizar accesos públicos desde vías urbanas, semiurbanas o rurales, los cuales deberán estar señalizados y ser seguros. También deberán integrarse al Registro Nacional de Accesos a Playas, con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y los gobiernos municipales.
Reforma también contempla acceso a áreas naturales protegidas
La reforma no se limita a playas. El artículo 56 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece ahora que Semarnat debe garantizar acceso gratuito a las áreas naturales protegidas bajo su competencia, al menos un día por semana. Los domingos y días festivos se aplicarán descuentos adicionales o ingreso libre, siempre bajo condiciones que aseguren la preservación de los ecosistemas.
De esta manera, los legisladores buscan fomentar el turismo sustentable y acercar a la población a entornos naturales que antes podían resultar inaccesibles debido a barreras económicas o administrativas. La reforma también plantea que los municipios y estados inscriban estos accesos en catastros y registros públicos, garantizando así su permanencia y conocimiento en procesos de compraventa o regularización de predios colindantes.
En el decreto transitorio se otorgan 180 días naturales a Semarnat y demás autoridades competentes para adecuar su normativa. Esto incluye la actualización de programas de desarrollo urbano, ordenamiento ecológico y manejo de áreas naturales protegidas.
La medida ha sido celebrada por organizaciones sociales y colectivos ambientalistas que, desde hace años, denunciaban la privatización de accesos en zonas turísticas. La reforma, sin embargo, abre nuevos retos: asegurar que los accesos señalados realmente existan en la práctica, sean transitables y estén libres de obstáculos físicos o legales.
Reglas claras para equilibrar el acceso público
Los empresarios del sector hotelero y turístico, aunque no se manifestaron en contra, han advertido que será necesario establecer reglas claras para equilibrar el acceso público con la seguridad de los complejos privados. En contraste, especialistas en derecho ambiental consideran que la modificación fortalece la idea de que las playas son bienes nacionales de uso común y, como tales, deben estar garantizados a la ciudadanía.
El Senado ahora tendrá la última palabra para concretar la entrada en vigor de la reforma. Si es aprobada sin modificaciones, México daría un paso clave en la defensa del acceso universal a sus litorales y áreas naturales, consolidando un derecho que impacta tanto en la vida cotidiana de los ciudadanos como en la imagen internacional del país.
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