El Congreso de Perú destituyó a Dina Boluarte y designó al legislador José Jerí como presidente interino hasta junio de 2026. El político limeño juró proteger al país “por un breve tiempo”, pero su ascenso ocurre entre acusaciones de corrupción y un rechazo ciudadano que no da tregua a la clase política peruana.
Un relevo marcado por la urgencia política
En una sesión extraordinaria que se extendió hasta la medianoche, el Congreso de Perú aprobó por amplia mayoría la destitución de Dina Boluarte por “incapacidad moral y falta de liderazgo”. Tras la votación, los legisladores entonaron el himno nacional mientras José Jerí, entonces presidente del Legislativo, juraba lealtad a la bandera.
El juramento de Jerí fue breve, pero simbólico: “Prometo proteger a los peruanos y garantizar la transición hasta junio de 2026”. El nuevo mandatario asumió el poder con la misión de conducir al país hacia las elecciones nacionales previstas para abril del próximo año.
El relevo ocurre en medio de un clima de tensión. Durante la última semana, Perú enfrentó manifestaciones en Lima y Arequipa, donde cientos de ciudadanos exigieron la salida inmediata de toda la clase política. La destitución de Boluarte fue vista como el cierre de un ciclo de inestabilidad que comenzó con Pedro Castillo en 2022, pero también como el inicio de otra etapa incierta.
De congresista a presidente: el rápido ascenso de Jerí
José Enrique Jerí Oré, de 38 años, es abogado egresado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y militante del partido Somos Perú. Antes de llegar al Congreso en 2021, fue asesor de su bancada y representante por Lima. Su perfil técnico y su discurso moderado le abrieron espacio entre las facciones más conservadoras del Parlamento.
Sin embargo, su carrera política no ha estado exenta de controversias. Jerí ha sido señalado por presuntos actos de corrupción, desobediencia a las autoridades y una denuncia de abuso sexual presentada en enero de este año. Aunque la Fiscalía archivó el caso por falta de pruebas, la acusación dañó su reputación pública.
De acuerdo con su declaración patrimonial, el ahora presidente participa en cuatro empresas privadas radicadas en Perú, con acciones que oscilan entre los 77 y los 3,500 puntos porcentuales. Medios locales han señalado que estos vínculos podrían representar un conflicto de interés, especialmente en la gestión de contratos públicos.
En el Congreso, Jerí ganó visibilidad durante el debate sobre la reforma de pensiones y el manejo de fondos de seguridad ciudadana. Su elección como presidente del Legislativo, hace apenas cuatro meses, fue vista como una maniobra para mantener el equilibrio entre las bancadas de derecha y centro.
Un país sin respiro ante el crimen y la desconfianza
La caída de Dina Boluarte ocurrió tras una ola de indignación por el ataque a la banda de cumbia Agua Marina durante un concierto en un recinto militar de Lima. El atentado, que dejó cinco heridos, fue interpretado como una muestra del deterioro de la seguridad pública.
Boluarte, considerada la presidenta más impopular de Latinoamérica, fue acusada de “inacción frente al crimen organizado”. Su salida fue impulsada incluso por Fuerza Popular, el partido fujimorista que la respaldó en sus primeros meses de gestión.
José Jerí hereda una nación con instituciones debilitadas, protestas constantes y una economía golpeada por la inflación y la pérdida de confianza de los inversionistas. Pese a su discurso conciliador, la prensa peruana lo retrata como un político joven, hábil, pero con un historial que genera dudas sobre su integridad.
Su principal desafío será demostrar que su llegada no responde a un acuerdo de conveniencia entre bancadas, sino a la necesidad de estabilizar un país que ha tenido seis presidentes en menos de una década.
Transición incierta rumbo a las elecciones de 2026
En su primer mensaje a la nación, Jerí pidió “unidad y serenidad”, prometiendo garantizar un proceso electoral transparente. Sin embargo, los movimientos sociales mantienen su escepticismo. “No queremos otro presidente impuesto, queremos votar ya”, dijo desde Cusco la dirigente comunitaria Rosalía Arce.
Mientras tanto, la comunidad internacional observa con cautela. La Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU han instado al nuevo gobierno a respetar los derechos humanos y a evitar la represión en las protestas.
El futuro de Perú vuelve a depender de un líder que llega al poder con promesas de estabilidad, pero rodeado de las mismas sombras que han hundido a sus antecesores.
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