La accionista mayoritaria de CIBanco, Tenedora CI, S.A. de C.V., informó que la liquidación del banco fue consecuencia directa de la orden emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) el pasado 25 de junio. La medida señalaba presuntas operaciones de lavado de dinero relacionadas con tráfico de drogas, lo que deterioró de manera inmediata la capacidad operativa, el patrimonio y la viabilidad de la institución bancaria.
Ante esta situación, el Administrador Cautelar designado y los accionistas solicitaron formalmente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la revocación voluntaria del permiso de operación como banca múltiple. La decisión fue calificada como “difícil pero necesaria”, con el objetivo de proteger los intereses de los ahorradores, empleados, acreedores, proveedores y del sistema financiero nacional.
Durante el periodo de intervención y administración, los accionistas y funcionarios del banco colaboraron plenamente con las autoridades financieras mexicanas, proporcionando toda la documentación requerida. Sin embargo, la falta de liquidez derivada de la sanción internacional llevó a considerar que la liquidación ordenada era la opción más responsable para garantizar la seguridad financiera de los clientes y la estabilidad institucional.
Impacto económico y legal de la sanción estadounidense
Han transcurrido 105 días desde la emisión de la orden de FinCEN, y durante este periodo no se recibieron evidencias adicionales que acrediten actos ilícitos, según dictámenes de terceros independientes tanto nacionales como internacionales. No obstante, la medida provocó pérdidas significativas en el valor de los activos y un deterioro estructural que imposibilitó continuar operaciones de forma sostenible.
CIBanco aseguró que, a pesar de la falta de pruebas, la sanción derivó en un daño material considerable y afectó la capacidad de prestar servicios financieros de manera segura. “Los accionistas y funcionarios de CIBanco refrendan su compromiso de colaborar de manera transparente y constructiva con las autoridades competentes, reafirmando que esta decisión representa el camino más responsable para proteger a quienes han confiado en nosotros”, señaló Tenedora CI en un comunicado.
La orden del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como instituciones que habrían facilitado transferencias de dinero en nombre de cárteles. Entre los grupos criminales mencionados se encuentran el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo. Además, se acusó al banco de apoyar la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos.
El documento estadounidense subraya que la preocupación principal se centró en operaciones de lavado vinculadas al tráfico de opioides, derivadas de patrones de asociación, transacciones y servicios financieros prestados por CIBanco. La acción legal de FinCEN evidencia la presión internacional sobre instituciones financieras para frenar el flujo de recursos hacia actividades criminales, y recalca la importancia de la supervisión y cumplimiento normativo en la banca mexicana.
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