Quintana Roo puede aprender de Egipto —y rápido— si quiere evitar que su valor arqueológico y su atractivo turístico se conviertan en ruina por la mala planeación. Esa es, en pocas palabras, la advertencia de Mona Samir Rady, presidenta de la Comisión de Hábitat y Ambiente de la Unión África de la ONU. Su propuesta: aplicar principios usados en proyectos como Nueva Alamein City para regular movilidad, acceso y actividades comerciales alrededor de zonas sensibles.
Un modelo para evitar la saturación y el negocio privado de las playas
Rady señala algo elemental pero pocas veces respetado: la gestión del turismo no es solo promoción; es diseño urbano, planificación y control de las actividades económicas. En Egipto, la creación de nuevas áreas turísticas se acompaña de una regulación estricta sobre qué se permite y dónde. En México, dice, el problema no es solo el flujo de visitantes sino quién decide sobre ese flujo.
El caso de Tulum y el Parque Jaguar —con su cobro por acceso y la instalación de áreas “premium”— es un ejemplo de lo que la experta considera mala práctica. “Si no planeas con la población, impones un sistema que excluye a los habitantes”, advirtió. Traducido: convertir playas públicas en un servicio para turistas de alto gasto elimina derechos básicos de la comunidad local.
Rady propone, en esencia, tres órdenes de acción: participación ciudadana real en el planeamiento; zonificación clara que separe áreas de conservación, ocio y comercio; y sistemas de movilidad que no asfixien los sitios arqueológicos ni el tejido urbano. No es una receta mágica. Es planificación.
Nueva Alamein City: ¿copiar o adaptar?
La especialista pone sobre la mesa a Nueva Alamein City como ejemplo funcional: una ciudad nueva pensada desde cero, con playas especiales para determinadas actividades y áreas estrictamente reservadas para la preservación del patrimonio. El modelo implica permitir cierta privatización controlada, sí, pero dentro de un marco público que obliga a respetar el acceso y la conservación.
La clave, insiste Rady, está en la participación. “Somos usuarios —dijo—; somos los que experimentaremos este viaje y las nuevas áreas”. Es decir: planear sin escuchar a vecinos e indígenas es condenar el proyecto al rechazo social. Cuando los proyectos se conciben como negocios exclusivos se genera conflicto y pérdida de legitimidad.
Movilidad, patrimonio y turismo: el triángulo crítico
En su visita a la Ciudad de México y el Museo Nacional, Rady evaluó cómo el planeamiento urbano puede proteger sitios arqueológicos. Movilidad, accesos y servicios deben integrarse antes de permitir más visitantes. Si no, advierte, el daño es irreversible: caminos improvisados, estacionamientos encima de vestigios y un turismo que solo llega a consumir.
También tocó el tema de la migración y los refugiados. Para Egipto, dijo, la acogida se hace “con condiciones” para evitar tensiones; en México, advirtió, la recepción debe combinar solidaridad con políticas claras que protejan derechos y recursos.
¿Qué debería hacer Quintana Roo ahora?
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Abrir mesas de diálogo con comunidades indígenas, vecinos, empresarios y académicos.
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Definir un plan de zonificación turístico-arqueológico con veda en áreas frágiles.
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Regular el acceso comercial a playas para evitar prácticas que sustituyan el derecho ciudadano.
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Implementar soluciones de movilidad que prioricen transporte público y peatonal.
La propuesta de Mona Samir Rady no es una cura instantánea. Es un llamado a pensar el turismo como política pública, no solo como caja registradora. Si Quintana Roo quiere seguir vendiendo sol y patrimonio, tendrá que decidir si protege ambos o sacrifica el pasado por ganancias rápidas.
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