Convertir la descarbonización del transporte en una causa nacional y en una política de justicia social fue la conclusión central de la mesa “Descarbonización del transporte rumbo al 2050”, realizada durante la Semana de Acción de México por el Clima, organizada por la Iniciativa Climática de México (ICM). El encuentro reunió a representantes de organizaciones ambientales, expertos y empresas, quienes coincidieron en que México tiene la oportunidad —y la obligación— de transformar su sistema de movilidad si quiere cumplir sus metas de reducción de emisiones y garantizar equidad urbana.
Actualmente, el transporte representa cerca del 25% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero. Los especialistas advirtieron que el país podría rezagarse si no redirige los subsidios a combustibles fósiles y no impulsa la electrificación de su flota pública y privada. Andrés Flores, director de Política Energética de ICM, afirmó que “México tiene condiciones para ser líder regional en movilidad eléctrica”, y destacó que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum “ha mostrado voluntad política para convertir la descarbonización en una prioridad transversal”.
Bernardo Baranda, director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), propuso renovar la flota del transporte público en las 94 ciudades más grandes del país, una medida que requeriría inversiones cercanas a los 1,080 millones de pesos. El plan, dijo, permitiría reducir la contaminación atmosférica y los costos energéticos a mediano plazo, al mismo tiempo que crearía empleos vinculados a la industria eléctrica.
Electromovilidad: entre la tecnología y la justicia social
Isabel Studer, presidenta de Sostenibilidad Global, advirtió que “la transición hacia un transporte de cero emisiones no depende solo de la tecnología, sino de transformar el modelo económico”. Su planteamiento subrayó que la electrificación del transporte debe ir más allá de los autos privados, incorporando un enfoque de justicia social. “En un país donde el 80% de la población vive en ciudades, la movilidad eléctrica debe concebirse como una política de bienestar”, dijo.
El director ejecutivo de POLEA, Andrés Ávila Akerberg, coincidió en que la descarbonización debe ser “una causa política y social compartida”. Insistió en que las inversiones deben enfocarse en el transporte público colectivo, accesible y no contaminante, con prioridad en las comunidades urbanas más afectadas por la mala calidad del aire.
Desde el sector empresarial, Killian Dorier, gerente internacional de transporte en Climate Group, planteó que México necesita incentivos fiscales claros para atraer inversión en producción de vehículos eléctricos y componentes. “Poner reglas estables que den certeza a las empresas es clave para acelerar la transición”, señaló.
El consenso general fue que el país debe actuar con urgencia y adoptar medidas inmediatas, como frenar la importación de autos usados altamente contaminantes, eliminar gradualmente el uso de diésel y redirigir los recursos destinados a subsidios fósiles hacia programas de electromovilidad. Los especialistas también recomendaron una coordinación efectiva entre dependencias como la SEMARNAT, la SEDATU, la Secretaría de Salud y la SICT para construir un plan nacional de transporte sostenible.
Descarbonizar es también reparar desigualdades
El enfoque social fue el punto de convergencia más fuerte entre los participantes. La movilidad eléctrica no se presentó solo como una alternativa tecnológica, sino como una herramienta para reducir la desigualdad ambiental. En México, las zonas más pobres son las que enfrentan mayor exposición a la contaminación vehicular y donde el acceso al transporte público es más limitado. Descarbonizar el transporte, en ese sentido, equivale a devolverle a la población el derecho a respirar aire limpio y a moverse de manera digna y segura.
La transición, coincidieron los expertos, no puede limitarse a importar autos eléctricos ni a instalar cargadores en zonas privilegiadas. Implica un rediseño integral del modelo urbano, una estrategia fiscal coherente y una visión de largo plazo que coloque a las personas —no a los combustibles— en el centro de la política climática nacional.
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