El presidente de los citricultores en el Valle de Apatzingán fue hallado sin vida a bordo de su vehículo. Su asesinato ocurre días después de exigir acciones concretas contra la inseguridad que afecta al sector limonero en Michoacán.
El cuerpo de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue localizado este lunes a un costado de la carretera Apatzingán–Presa del Rosario, en el camino hacia la comunidad Los Tepetates, con signos de violencia. La Fiscalía de Michoacán confirmó el hallazgo y detalló que el dirigente se encontraba dentro de su vehículo al momento de ser encontrado.
Bravo Manríquez era una de las voces más visibles del sector limonero en Michoacán, y en los últimos meses había denunciado de manera pública las extorsiones y amenazas de grupos criminales que operan en la región. En febrero de este año, reveló el cierre de las oficinas administrativas del Tianguis Limonero de Apatzingán debido a los riesgos de seguridad.
“Vivimos una crisis profunda que no se resuelve con discursos ni con gestos simbólicos”, escribió en su última publicación de Facebook, apenas tres días antes de su asesinato.
La Fiscalía estatal desplegó un operativo de seguridad y peritaje en la zona donde fue encontrado el cuerpo. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre la línea de investigación principal, aunque productores de la región vinculan el crimen con su activismo contra las extorsiones.
Una voz incómoda para el crimen organizado y la indiferencia oficial
En su última carta pública, Bravo exigió al Gobierno Federal, Estatal y Municipal que su respaldo “se traduzca en hechos inmediatos”, aplicando sanciones y políticas que garanticen la movilidad del limón mexicano y protejan la economía local.
“El Valle de Apatzingán necesita leyes que frenen el coyotaje y aseguren precios justos. No queremos despensas, queremos seguridad y justicia”, reclamó.
El líder agrario pidió también al Congreso de Michoacán legislar una ley “anticoyotaje” para acabar con los intermediarios que compran el fruto a precios ínfimos y controlan la distribución mediante prácticas abusivas. Su activismo había ganado visibilidad nacional, al punto que organizaciones campesinas de otros estados expresaron su respaldo público en semanas recientes.
Tras conocerse su muerte, el Gobierno de Apatzingán emitió un comunicado lamentando “profundamente los hechos de violencia” y exigiendo justicia. “Nos solidarizamos con su familia y condenamos cualquier acto que atente contra la vida, la paz y el bienestar de nuestra gente”, expresó la administración municipal.
El campo michoacano, en una espiral de violencia y crisis económica
El asesinato de Bernardo Bravo ocurre mientras productores del Valle de Apatzingán mantienen protestas por el bajo precio del limón mexicano, el encarecimiento de los insumos agrícolas y la falta de garantías de seguridad. Apenas la semana pasada, cientos de agricultores marcharon desde el Tianguis Limonero hasta el Monumento a Lázaro Cárdenas, exigiendo créditos agrícolas, control del agua y precios justos.
Durante la manifestación, los citricultores arrojaron dos toneladas de limón sobre la calle, gritando: “¡Ahí está, si lo quieren regalado, ahí está!”. El gesto se volvió viral como símbolo de la desesperación que viven los productores frente al abandono oficial y las extorsiones criminales.
Líderes del sector afirman que, tras el asesinato de Bravo, crece el temor entre los productores. “Perdimos a un hombre valiente que nunca se calló, y eso en esta región cuesta la vida”, declaró un agricultor local bajo anonimato.
El homicidio de Bravo se suma a una serie de ataques contra representantes agrícolas en Michoacán, donde la violencia ligada al control de cultivos, transporte y precios del limón se ha convertido en una de las principales fuentes de inestabilidad en el estado.
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