El asesinato del empresario limonero Bernardo Bravo volvió a poner bajo los reflectores el poder del crimen organizado en la región de Apatzingán. La periodista Dalia Martínez reveló que el padre del joven, conocido como “Don Berna”, fue secuestrado, torturado y asesinado hace una década tras resistirse a pagar extorsiones. La historia familiar refleja cómo el control criminal sobre el negocio del limón ha perdurado durante años, cobrando la vida de productores, jornaleros y líderes agrarios.
Según el testimonio de Martínez, los agresores exigieron cantidades millonarias a “Don Berna” y, ante su negativa, lo secuestraron y asesinaron con extrema violencia. “El crimen organizado no solo destruye economías locales, también destruye generaciones enteras”, dijo la periodista en entrevista con Aristegui en Vivo. La muerte de su hijo, Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Cítricos del Valle de Apatzingán, se da en un contexto casi idéntico: amenazas, extorsiones y la falta de respuesta de las autoridades.
Bravo había denunciado, días antes de su asesinato, la presión que grupos delictivos ejercían sobre productores de limón. Alertó sobre la forma en que las células criminales controlaban los precios, imponían “cuotas” y amenazaban a quienes se resistían. “No hay autoridad que los detenga; si no pagas, te matan”, advirtió en una reunión con productores locales. Pese a esas denuncias, no recibió protección.
Cárteles dominan la región y extorsionan a productores
En el Valle de Apatzingán operan grupos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación y a Los Caballeros Templarios, además de al menos 30 células menores que mantienen el control de la producción, transporte y venta del limón. Estas organizaciones cobran cuotas semanales, controlan el acceso a los tianguis y amenazan a quienes intentan vender fuera de su red.
La periodista Dalia Martínez explicó que los criminales no solo presionan a los empresarios, sino también a los jornaleros. “A los cortadores de limón les cobran el doble o triple de lo que ganan por día. Y si no pagan, no trabajan”, señaló. Esa extorsión ha provocado el cierre de huertas, el desplazamiento de familias y la pérdida de empleos en una región donde la economía depende casi por completo de este cultivo.
El arzobispo de Apatzingán, Cristóbal Asencio, ha denunciado públicamente que las autoridades locales y estatales han sido omisas. “La gente vive atemorizada. Los productores pagan por miedo, no por voluntad. Nadie confía ya en la justicia”, declaró en una homilía reciente.
Asesinatos selectivos mantienen en alerta a la zona limonera
El caso de Bernardo Bravo no es aislado. En los últimos meses han sido ejecutados varios productores tras recibir amenazas directas. Entre ellos, José Luis Guiñada Escalera, asesinado en Bona Vista, Tolopán, tras señalamientos de líderes criminales conocidos como “Zetar”, “El Botox” y “La Peggy”. Otro productor, Rogelio Escobar Peña Losa, fue emboscado por un comando armado en la carretera Cuatro Caminos–Apatzingán; su cuerpo fue hallado junto a armas largas y casquillos percutidos.
La violencia constante ha fragmentado el tejido social de la región. Productores temen denunciar y muchos han optado por abandonar sus tierras. Según estimaciones locales, más del 40 % de las huertas limoneras se encuentran hoy bajo control del crimen organizado.
La muerte de Bernardo y el recuerdo del asesinato de su padre confirman un patrón de impunidad y abandono institucional. Ninguno de los casos ha derivado en sentencias. Mientras tanto, las organizaciones criminales siguen dictando las reglas del comercio agrícola, amparadas por el miedo y la corrupción.
La historia de la familia Bravo es un retrato del colapso de la autoridad en una región donde la economía y la vida cotidiana están sometidas al crimen. Diez años después, el ciclo de violencia sigue intacto.
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