La Fiscalía Departamental de Tarija presentó una acusación formal contra Evo Morales por el delito de trata agravada de personas. El expresidente boliviano, actualmente resguardado en el Trópico de Cochabamba, podría enfrentar un juicio oral luego de que el juez analice la solicitud y determine la fecha del proceso. Se trata del paso judicial más grave hasta ahora en un caso que ha polarizado a Bolivia y mantiene al exmandatario en condición de prófugo.
La fiscal Sandra Gutiérrez, encargada del proceso, confirmó que la acusación es el resultado de un análisis “minucioso” de los elementos recabados durante la etapa preparatoria. “Vamos a estar a la espera de lo que establece el procedimiento penal para que, una vez que el juez analice todo esto, lo remita al tribunal correspondiente y señale día y hora para el juicio oral”, declaró la funcionaria en conferencia de prensa.
De acuerdo con Gutiérrez, la investigación comenzó a finales de septiembre de 2024 y reunió testimonios, peritajes y documentos que sustentan la acusación. El caso se relaciona con la supuesta relación que Morales habría mantenido con una menor de edad cuando aún ejercía la presidencia del país en 2016. El delito de trata agravada en Bolivia contempla penas que pueden alcanzar los 20 años de prisión.
Evo Morales, en rebeldía y bajo resguardo político en el Trópico de Cochabamba
La Fiscalía recordó que Morales fue declarado en rebeldía a principios de este año, después de no presentarse en dos audiencias judiciales argumentando problemas de salud. El tribunal de Tarija ordenó entonces medidas cautelares, incluyendo su detención preventiva, aunque la orden no ha podido ejecutarse debido a la protección política y sindical que mantiene en su bastión del Trópico de Cochabamba.
Desde octubre de 2024, Morales no ha abandonado esa región. En aquel momento, sus simpatizantes bloquearon carreteras para impedir que las fuerzas de seguridad ejecutaran la orden de captura. Centenares de seguidores continúan custodiando el área, donde el exmandatario mantiene control sobre los sindicatos cocaleros y conserva influencia política en el Movimiento al Socialismo (MAS).
La defensa de Morales sostiene que el proceso tiene motivaciones políticas y forma parte de una “persecución judicial” orquestada por el gobierno de Luis Arce, su antiguo aliado. “El único objetivo es inhabilitarlo políticamente para las próximas elecciones”, declaró uno de sus abogados, Wilfredo Chávez, exministro de Justicia.
El caso ha generado divisiones dentro del MAS. Algunos sectores respaldan al actual presidente Arce, mientras que otros continúan leales a Morales, lo que ha fragmentado al partido y debilitado su estructura rumbo a los próximos comicios.
Un caso que tensiona la política y la justicia en Bolivia
La acusación formal contra Morales ocurre en un contexto de fuerte confrontación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Organizaciones de derechos humanos han pedido que el proceso se realice con garantías de imparcialidad, mientras que la oposición boliviana exige que se ejecute la orden de aprehensión “sin privilegios ni dilaciones”.
En 2024, el Ministerio Público había emitido una primera orden de captura por el mismo caso, basada en informes periciales y declaraciones de testigos que señalaron la existencia de un menor presuntamente nacido de la relación. Sin embargo, la ejecución de esa orden fue bloqueada por protestas de sus seguidores.
Evo Morales gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, y fue el primer presidente indígena del país. Tras su renuncia en medio de denuncias de fraude electoral, se exilió en México y luego en Argentina. Su regreso a Bolivia en 2020 coincidió con la victoria electoral de su delfín político, Luis Arce, aunque desde entonces la relación entre ambos ha sido tensa.
Con la nueva acusación formal, el proceso judicial avanza hacia una etapa decisiva. Si el tribunal acepta la acusación y convoca al juicio, Evo Morales enfrentará por primera vez en su país un proceso penal con posibilidad de condena.
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