Estados Unidos ha ampliado su controvertida campaña de ataques extrajudiciales contra supuestas narcolanchas al océano Pacífico, con un nuevo bombardeo este martes frente a la costa colombiana que dejó dos muertos. Esta es la octava operación conocida desde septiembre, elevando el saldo a al menos 34 civiles fallecidos, según confirmó el secretario de Guerra, Pete Hegseth. La acción, ordenada por el presidente Donald Trump, marca un giro geográfico desde el Caribe y aviva debates sobre legalidad y soberanía.
La noticia irrumpió el miércoles al mediodía en Washington, avanzada por CBS citando fuentes anónimas del Pentágono. Hegseth, ex presentador de Fox News confirmado en enero tras un ajustado voto senatorial, ratificó el hecho en un post en X.
«Narcoterroristas eliminados en el Pacífico. Así como Al Qaeda nos declaró la guerra, estos cárteles atacan nuestra frontera. No hay refugio: solo justicia», escribió, adjuntando un video de la explosión.
No reveló identidades ni pruebas de carga narcótica, pero insistió en que Trump dio la orden directa.
Esta escalada sigue al séptimo ataque, anunciado por Hegseth el domingo. Ese blanco: una embarcación ligada al Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilleros colombianos etiquetados como terroristas por EE. UU. desde los 90.
«Navegaba por ruta narco con toneladas de estupefacientes», alegó el secretario en X, reportando tres muertos en aguas internacionales del Caribe, bajo el mando del Comando Sur.
El despliegue es masivo: una decena de buques de guerra, un submarino nuclear y 10.000 tropas. Fuentes del New York Times destacan que este operativo sin precedentes responde a la visión de Trump de un «conflicto armado no internacional» con cárteles, justificado por 100.000 muertes anuales por sobredosis en EE.UU.
Olas de controversia en mares turbulentos
Senadores de ambos partidos rechazan esta «guerra contra organizaciones, no naciones». Invocando la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, Trump opera sin aprobación congresional por 60 días, prorrogables 30 más hasta noviembre. «Esto erosiona el equilibrio de poderes», advirtió el demócrata Adam Schiff, impulsando un voto para frenar las acciones. El republicano Rand Paul también critica: «Poderes de guerra para crimen organizado son excesivos».
En Colombia, el presidente Gustavo Petro exige nombres de víctimas: «EE.UU. abre un nuevo teatro de guerra en el Caribe y ahora Pacífico. ¿Justicia o ejecución?» El ELN niega vínculos con la narcolancha del séptimo ataque. En el sexto golpe, del fin de semana, dos sobrevivientes –un colombiano y un ecuatoriano– fueron repatriados. El primero ya libre, sin cargos por falta de pruebas.
Aún faltan evidencias: ni identidades confirmadas ni muestras de droga. La pena capital es legal en EE.UU., pero no por narcotráfico sin juicio. Expertos como John Yoo, arquitecto de post-11S, cuestionan: «Poderes bélicos contra crimen son extraordinarios y riesgosos». Reuters reporta tensiones crecientes con Venezuela y Colombia.
La Casa Blanca defiende: «Autodefensa bajo ley de conflictos armados». Pero la ONU urge investigación. ¿Escalada o disuasión? El Pacífico, ahora en la mira, espera respuestas.
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