El presidente Donald Trump aseguró este jueves que tras dos bombardeos en el Pacífico contra presuntas «narcolanchas» —que dejaron cinco muertos— la siguiente fase de la operación será en tierra. En un encuentro con la prensa y con miembros de su gabinete, incluido el secretario de Defensa Pete Hegseth, el mandatario insistió en que las fuerzas armadas ampliarán las acciones para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Trump celebró las incursiones marítimas y advirtió que los ataques terrestres serán “muy duros” y más peligrosos para los supuestos traficantes.
La semana pasada Estados Unidos ejecutó dos ataques en el Pacífico contra embarcaciones que, según la Casa Blanca, transportaban drogas. Uno de los incidentes dejó dos tripulantes muertos; el otro, tres. Tras los bombardeos, Trump dijo ante la prensa: “La tierra será lo siguiente”. La declaración busca ampliar el discurso sobre la amenaza y justificar una escalada operativa, aunque el Gobierno no especificó ubicaciones ni límites de acción.
La orden pública del presidente incluyó una instrucción clara al secretario de Defensa: comparecer ante el Congreso y explicar las acciones, según reportes del entorno presidencial. Trump usó un tono desafiante hacia la oposición y preguntó retóricamente qué harían si se opusieran: “¿Decir: ‘Vaya, no queremos detener el flujo de drogas’?”, dijo, subrayando que su administración considera la medida una prioridad política y de seguridad nacional.
El secretario Hegseth amplió el mensaje con términos marciales. Dijo que las organizaciones que trafican drogas serán tratadas como “organizaciones terroristas extranjeras” y comparó su abordaje con el aplicado a Al Qaeda: localizarlas, mapear sus redes, perseguirlas y eliminarlas. Esa retórica sugiere un marco operativo que puede incluir inteligencia, ataques selectivos y colaboración internacional. Sin embargo, el Gobierno no ha entregado pruebas públicas que vinculen a las personas abatidas con redes transnacionales o con estructuras terroristas.
El anuncio plantea preguntas inmediatas sobre jurisdicción, legalidad y riesgo para civiles. Lanzar operaciones en tierra sin precisar países o zonas implica entrar en territorios soberanos o en zonas fronterizas complejas. Eso abriría debates sobre autorización legal, consentimiento de Estados terceros y el posible choque con marcos internacionales de derecho. Además, la escalada puede complicar la diplomacia regional, especialmente con gobiernos que han exigido respeto a su soberanía en el pasado.
Más allá del discurso presidencial, quedan interrogantes tácticos. ¿A quiénes se considera objetivo legítimo? ¿Habrá coordinación con fuerzas locales o será una campaña unilateral? ¿Cómo se garantizará la protección de civiles y el respeto de normas humanitarias? Las respuestas operativas aún no se conocen.
Implicaciones políticas y regionales
La intención de ampliar la campaña a tierra tiene un propósito político claro: mostrar mano dura frente al narcotráfico y responder a la demanda interna de control de fronteras. Pero el costo político exterior puede ser alto. Países de Centroamérica y Sudamérica podrían ver la medida como una violación a su soberanía si no hay acuerdos previos. A la vez, la retórica beligerante puede tensar relaciones con aliados que prefieren enfoques de cooperación policial y desarrollo.
En el plano doméstico, la promesa de «matar a las personas que traen drogas» es una afirmación incendiaria. Aborda el problema desde la lógica de la eliminación del adversario, no desde soluciones integrales que incluyan prevención, tratamiento o reducción de demanda. Esa postura puede ganar apoyos entre sectores que priorizan medidas coercitivas, pero también abriría frentes legales y de derechos humanos.
La falta de detalle sobre áreas, reglas de enfrentamiento y marco legal complica la supervisión del Congreso y de organismos internacionales. Hegseth fue instruido a explicar ante legisladores la estrategia; esa comparecencia será clave para determinar límites y responsabilidades.
También existe el riesgo operativo de que acciones en tierra provoquen escaladas no deseadas, incidentes con fuerzas locales o movimientos de población. Atacar infraestructuras o rutas terrestres sin inteligencia precisa puede causar daños colaterales y consecuencias humanitarias.
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