La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló probables irregularidades por 6,969 millones de pesos en la Cuenta Pública 2024, el último ejercicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de los cuales se han recuperado 1,146 millones, dejando 5,823 millones sin aclarar, según el segundo informe de fiscalización entregado a la Cámara de Diputados. David Colmenares Páramo, auditor superior, presentó los resultados de 546 auditorías del segundo semestre de 2024, destacando que el 86% de las observaciones (6,004 millones) corresponden al gasto federalizado en estados y municipios, con énfasis en salud, infraestructura y educación, donde gobiernos locales deben justificar 5,021 millones.
En entidades federales, se identificaron 965 millones en irregularidades en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con 802 millones pendientes, liderados por el Poder Judicial con 272 millones. Colmenares subrayó que, aunque avances como 1,000 millones recuperados en esta entrega elevan el total a 28,000 millones en su gestión, persisten desafíos, con una tercera entrega prevista para febrero de 2026 que podría sumar 2,000 millones más.
Esta segunda entrega, que cubre 698 auditorías totales hasta ahora (de 2,199 planeadas), confirma un patrón: el gasto federalizado –transferencias para obras locales– es el foco de 89% de las observaciones (4,600 millones en esta fase), con estados y municipios responsables de 356 auditorías problemáticas. Colmenares: «Estos recursos deben destinarse a bienes duraderos como escuelas y hospitales, pero la falta de justificación erosiona la confianza».
El informe resalta que, pese a recuperaciones, el proceso de aclaración –con 180 días para respuestas– podría extenderse, y la ASF espera 2,000 millones adicionales en el cierre final.
Mayor foco en gasto federalizado: Salud e infraestructura lideran observaciones
El 86% de irregularidades (6,004 millones) se concentran en transferencias a estados y municipios, donde la ASF cuestiona el uso en sectores clave: salud (1,591 millones pendientes), infraestructura física y saneamiento (1,391 millones), educación (1,330 millones) e infraestructura social (666 millones). Estos fondos, del Ramo 33 (FAIS, FORTAMUN, FAFEF), buscan mejorar servicios duraderos, pero la ASF identificó opacidades en ejecución, como compras sin comprobantes o desviaciones presupuestales. Colmenares destacó que 5,021 millones requieren explicación local, un aumento del 15% vs. 2023, ante la pobreza en 46% de municipios.
Cinco entidades brillaron por ausencia de observaciones: Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas, gracias a mejor documentación y ejecución, según el informe. Esto contrasta con el 52% de recursos concentrados en 8 estados, per CEFP, exacerbando desigualdades regionales.
Entidades federales bajo escrutinio: Poder Judicial con 272 millones sin destino
En el ámbito federal, 965 millones en irregularidades afectan los tres poderes, con 802 millones pendientes: el Poder Judicial lidera con 272 millones por adquisiciones y servicios sin justificación, seguido por Semarnat (215 millones en conservación ambiental), SICT (84 millones en carreteras), CFE (72 millones en energía), Semar (62 millones en puertos), SHCP (34 millones en finanzas) y Salud (19 millones en hospitales). Colmenares: «El PJF concentra 49% de observaciones federales; urge forenses».
El 11% restante (550 millones en esta entrega) refleja fallos en desarrollo social (256.9 millones), pero la ASF enfatiza que aclaraciones pueden mitigar daños.
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