El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, exhibió las fisuras en las estrategias de seguridad federal y estatal en Michoacán. A pesar de contar con un dispositivo de protección reforzado, el edil fue asesinado durante un evento público, lo que llevó al Gabinete de Seguridad a dar explicaciones públicas sobre lo ocurrido y prometer ajustes inmediatos.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, calificó el crimen como “cobarde” y aseguró que el caso no quedará impune. Sin embargo, también reconoció que los grupos criminales mantienen “un control desmedido” en varias regiones del estado, a pesar del despliegue constante de fuerzas federales.
“Lamentablemente, los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público para realizar el ataque. Condenamos enérgicamente este crimen y tengan la certeza de que no habrá impunidad”, afirmó Harfuch durante su conferencia.
Protección reforzada y vulnerabilidades estructurales
Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Ricardo Trevilla Trejo, explicó que desde diciembre se había fortalecido la seguridad del alcalde con 14 elementos de la Guardia Nacional y dos vehículos oficiales. Aclaró que la vigilancia directa estaba a cargo de la Policía Municipal, a solicitud del propio edil, mientras que la Guardia Nacional mantenía seguridad perimetral.
“Se mantuvo comunicación constante con el presidente municipal y con los mandos de la 21 Zona Militar. Incluso se realizaron más de seis reuniones con el comandante del Sexto Grupo de Infantería de Tacámbaro”, explicó Trevilla.
El funcionario subrayó que la coordinación entre los tres niveles de gobierno no evitó el ataque, pero sostuvo que existía un protocolo activo de protección. Tras el crimen, las autoridades desplegaron un operativo conjunto para capturar a los responsables y reforzar la seguridad en Uruapan y municipios cercanos.
Harfuch admitió que la violencia en Michoacán se ha recrudecido por el fortalecimiento de células delictivas locales y la disputa territorial entre grupos organizados. “Michoacán lleva mucho tiempo con células criminales fuertes. Aun así, estamos incrementando los operativos y el número de detenciones”, señaló.
Crimen organizado y retos del Estado mexicano
Durante la sesión informativa, Harfuch respondió a preguntas sobre las debilidades del actual esquema de seguridad federal, tras los asesinatos recientes de líderes locales, entre ellos el dirigente limonero Bernardo Bravo en Apatzingán.
El secretario reconoció que, aunque se han logrado detenciones relevantes, los grupos criminales siguen teniendo capacidad operativa en regiones rurales y urbanas. “Nuestro deber es garantizar que estos hechos no queden impunes, aunque lamentablemente no siempre podemos evitarlos”, dijo.
En relación con el ataque contra el alcalde, Harfuch confirmó que el agresor fue abatido en el lugar y se le aseguró un arma corta calibre 9 mm, junto con siete casquillos percutidos. Además, mediante el sistema de videovigilancia C5, se logró rastrear los movimientos previos del atacante.
Las primeras investigaciones apuntan a que el atentado fue planeado con antelación y ejecutado aprovechando la exposición pública del edil. El Gabinete de Seguridad federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, mantiene reuniones permanentes con el gobierno estatal para evaluar los protocolos de protección a funcionarios municipales.
El regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien resultó herido durante el ataque, permanece fuera de peligro. El gobierno federal adelantó que se revisará el esquema de protección a alcaldes en todo el país, tras reconocer que la violencia política continúa siendo uno de los mayores retos para la administración.
“La violencia contra las autoridades locales no solo es un golpe al Estado, sino a la democracia misma. No vamos a permitir que estos crímenes queden impunes”, concluyó Harfuch.
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