Los líderes de las mayores corporaciones estadounidenses urgieron al gobierno del presidente Donald Trump y a la Oficina del Representante Comercial (USTR) a garantizar que México cumpla los compromisos del T-MEC y proteja las inversiones extranjeras frente a las reformas judiciales y regulatorias impulsadas por la administración mexicana, que consideran un riesgo para el Estado de Derecho y el comercio transfronterizo.
Empresarios alertan por debilitamiento institucional en México
La Business Roundtable (BRT), que agrupa a unos 200 directores ejecutivos de empresas como Apple, GM, JPMorgan Chase y FedEx, presentó un documento de 29 páginas a la USTR. En él, advirtió que la reciente elección popular de jueces y magistrados en México, así como la desaparición de organismos reguladores independientes, podría derivar en un sistema judicial “politizado y poco confiable”.
El texto, dirigido a Daniel Watson, subrepresentante Comercial de EE. UU. para el Hemisferio Occidental, forma parte de la consulta pública previa a la revisión del T-MEC en 2026. La organización recordó que durante la primera negociación del acuerdo, el presidente Donald Trump obtuvo “compromisos esenciales” que fortalecieron la manufactura estadounidense, la protección de la propiedad intelectual y el comercio digital.
Sin embargo, la BRT alertó que México ha implementado políticas que “favorecen de manera desproporcionada” a empresas estatales, como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras limita la participación privada en sectores energéticos y de telecomunicaciones. En su opinión, la preferencia otorgada por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) a la generación eléctrica de la CFE viola los principios de competencia establecidos en el acuerdo comercial.
La organización también denunció prácticas “discriminatorias” en el sistema de adquisiciones públicas mexicano, que, según el informe, “carece de transparencia y debido proceso”, generando barreras para las compañías estadounidenses.
Riesgos en energía, telecomunicaciones y transporte aéreo
En telecomunicaciones, la BRT criticó la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la creación de una superagencia dependiente del Ejecutivo, la cual —según el reporte— “otorga ventajas indebidas a empresas estatales como Telmex y restringe la competencia extranjera mediante subsidios y trámites discrecionales”.
En el sector aéreo, los empresarios solicitaron que México restablezca los espacios de vuelo (slots) a las aerolíneas estadounidenses y permita el regreso de las operaciones de carga al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, medida revertida por decreto en años anteriores.
El grupo insistió en que la USTR restaure el Mecanismo de Solución de Disputas Inversionista-Estado (ISDS), eliminado parcialmente en el T-MEC, para evitar que los conflictos entre inversionistas privados y el gobierno mexicano sean juzgados bajo criterios políticos. “La existencia del ISDS obligaría a las autoridades mexicanas a respetar los compromisos internacionales y ofrecer garantías reales a las empresas de EE. UU.”, sostuvo la organización.
Incertidumbre fiscal y digital para inversionistas extranjeros
El documento también cuestiona la reforma fiscal mexicana que permite suspender operaciones de plataformas digitales extranjeras por supuestos incumplimientos tributarios. Según los empresarios, esta medida podría “castigar injustamente” a proveedores estadounidenses y vulnerar el principio de trato nacional.
Otro punto sensible es la regulación mexicana sobre servicios en la nube, que —asegura la BRT— impone “barreras injustificadas” al comercio digital y discrimina a los proveedores extranjeros. Además, señalaron que las normas de Cofepris sobre productos médicos y farmacéuticos “no son consistentes con los estándares internacionales”, lo que afecta las exportaciones de medicamentos aprobados por la FDA.
El informe concluye con un llamado al gobierno de Trump para “garantizar que México mantenga un entorno regulatorio estable, transparente y basado en reglas”, recordando que el país vecino es el principal socio comercial de EE. UU. y destino clave de la inversión directa estadounidense en América Latina.
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