La indignación colectiva ha escalado a 238 denuncias contra el crematorio irregular de mascotas Casa Xibalbá en Chetumal, donde dueños descubrieron urnas con tierra en lugar de cenizas y al menos 123 cadáveres de perros y gatos abandonados en lotes baldíos.
Raciel López Salazar, fiscal general de Quintana Roo, detalló en su rueda de prensa semanal que los detenidos –Guillermo Alejandro “N”, propietario, y Briseidy “N”, su asistente– enfrentan cargos por fraude y delitos contra el medio ambiente y la fauna, con un fraude acumulado que supera los 500.000 pesos.
«Es un caso reprobable que hiere la confianza de las familias; no habrá impunidad», afirmó López, anunciando cateos adicionales en predios de la colonia Barrio Bravo.
El escándalo, detonado por una denuncia viral en redes el 29 de octubre, revela un negocio sin licencias que operaba desde marzo de 2022. Vecinos reportaron olores fétidos en la avenida Primo de Verdad, llevando a la FGE a un operativo que localizó 123 cuerpos en bolsas plásticas, muchos en putrefacción.
«Los dueños cobraban por paz eterna y entregaban mentiras; es crueldad y engaño», relató una víctima anónima en un testimonio recogido por La Verdad Noticias.
Bolsas de dolor
Casa Xibalbá, en Retorno Isla Contoy, prometía paquetes «premium» de 1.500 a 5.600 pesos: urnas biodegradables, certificados, bolsitas de liberación, recuerdos y entrega a domicilio, más «tanatología gratuita» con ceremonias de flores e incienso. Briseidy “N” lideraba estos rituales, mientras Guillermo Alejandro “N” –con estudios inconclusos en veterinaria e ingeniería civil, sin cédula profesional– recibía pagos vía transferencias. En realidad, los animales se descartaban en baldíos, contaminando el entorno y violando la Ley General de Vida Silvestre.
López Salazar detalló: «Las denuncias abarcan de 2022 a octubre 2025; cada carpeta es un duelo robado». Una dueña, Farah Crosswell, contó a Azteca Noticias: «Abrí la urna de mi perrita y era arena; pagué 2.500 pesos por cierre, recibí vacío». Colectivos como Protección Animal Quintana Roo exigen «pena máxima»: hasta 10 años por maltrato y multas de 50.000 UMAs (5 millones de pesos).
La Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) clausuró el sitio el 30 de octubre, confirmando ausencia de permisos sanitarios. «Es un cementerio clandestino que daña el ecosistema; analizamos contaminantes», informó su director, Lucio Cruz.
Operativo implacable
El 30 de octubre, la FGE ejecutó una orden de aprehensión: Guillermo y Briseidy cayeron en flagrancia, vinculados a proceso el 31. Cinco cateos en Barrio Bravo –con apoyo de vecinos– recuperaron 123 cuerpos, trasladados al Semefo para necropsias. «No incineraban; tiraban y seguían cobrando», reveló López, estimando 300 víctimas potenciales. La plataforma https://enlinea.fgeqroo.gob.mx/ ha registrado 158 denuncias digitales desde el estallido.
La gobernadora Mara Lezama, en «La Voz del Pueblo» del 2 de noviembre, repudió: «Este fraude atenta contra nuestra humanista visión de las mascotas; apoyamos la FGE para justicia plena». El Ayuntamiento de Othón P. Blanco anunció inspecciones a 20 establecimientos similares, priorizando licencias.
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