El gobierno de Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México, un quiebre histórico que tensa lazos fraternales bajo la presión del asilo concedido a Betssy Chávez, ex primera ministra del efímero gobierno de Pedro Castillo, procesada por rebelión en el fallido autogolpe de diciembre de 2022. El canciller Hugo de Zela calificó la decisión mexicana de «acto inamistoso» y «equivocada», acusando a los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum de intervenir en asuntos internos peruanos.
«Persisten en dar asilo a coautores de un golpe; nos obliga a romper lazos con un país con quien teníamos coincidencias», declaró De Zela en rueda de prensa, aclarando que los servicios consulares permanecen intactos.
La medida, efectiva de inmediato, responde a la confirmación de que Chávez, de 34 años y excongresista, se refugia en la embajada mexicana en Lima desde finales de octubre, tras ausentarse a audiencias judiciales. El Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación en septiembre por detención arbitraria, pero la justicia la procesa por conspiración y rebelión junto a Castillo, quien purga 34 años por el autogolpe del 7 de diciembre de 2022. México, fiel a su tradición asilística, ya protegió a Castillo en 2022, negando legitimidad a la presidenta Dina Boluarte y calificando su remoción como «golpe técnico» por «racismo elitista».
Acto inamistoso: El asilo que enciende la chispa diplomática
De Zela, ante periodistas, lamentó: «Con sorpresa y profundo pesar, confirmamos que Chávez, coautora del golpe de Castillo, está asilada en la embajada mexicana». El canciller invocó la Convención de Caracas de 1954, que regula asilos, pero criticó la «persistencia mexicana en versiones tendenciosas»: desde el rechazo a Boluarte como «presidenta espuria» hasta el asilo a Castillo, frustrado por Perú. México aún no ha notificado formalmente el asilo, un paso requerido para su procesamiento, pero De Zela anticipa: «Iniciaremos el procedimiento una vez recibido; no hay ruptura consular, solo diplomática».
Chávez, liberada en septiembre tras 12 días de huelga de hambre en prisión, huyó tras tres ausencias a juicio: el 28, 30 y 31 de octubre. Su defensa alega persecución política; el TC ordenó su salida por violación a la prisión preventiva. Pero la fiscalía la vincula al autogolpe: Castillo disolvió el Congreso, fue destituido y preso, dejando a Chávez como fugitiva. «Es un mensaje a golpistas: no toleramos intervenciones extranjeras», agregó De Zela, citando «acciones reiteradas» de México.
Herencia de tensiones
Las grietas datan del 7 de diciembre de 2022: Castillo, de izquierda sindical, intentó disolver el Congreso opositor; arrestado, buscó asilo en México, denegado por Perú. López Obrador lo llamó «golpe técnico» por «racismo».
El impacto práctico: embajadas cierran operaciones diplomáticas, pero consulados en Lima y Ciudad de México siguen; 20.000 peruanos en México y 15.000 mexicanos en Perú mantienen asistencia. De Zela minimizó: «No afecta flujo humano; solo política». Analistas como los de DW ven «escalada ideológica»: México, asilista histórico, choca con Perú, aliado de EE. UU. en la región.
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