La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su inconformidad ante la decisión del gobierno peruano de romper relaciones diplomáticas con México, luego de que el Estado mexicano otorgara asilo político a la exprimera ministra Betssy Chávez Chino. El canciller Juan Ramón de la Fuente calificó la medida como “unilateral y desproporcionada”, subrayando que México mantendrá su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la protección de perseguidos políticos.
México responde: asilo bajo principios internacionales
A través de un comunicado oficial, la cancillería mexicana recordó que la decisión de otorgar asilo se efectuó con base en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, conocida como la Convención de Caracas, la cual está suscrita por ambos países. Este tratado establece que es atribución exclusiva del Estado asilante determinar si una persona enfrenta persecución política y, en consecuencia, otorgarle protección diplomática.
“La concesión del asilo a la señora Chávez Chino se realizó conforme al derecho internacional y en estricto apego a nuestra legislación nacional”, señaló la SRE, al tiempo que enfatizó que esta práctica forma parte de una tradición humanitaria reconocida por la comunidad internacional.
Chávez, quien encabezó el gabinete ministerial durante el gobierno de Pedro Castillo, fue detenida en 2023 y ha denunciado repetidas violaciones a sus derechos humanos. Asegura que su caso es una muestra de persecución política impulsada por sectores que se oponen a su exmandatario.
El gobierno mexicano evaluó su solicitud conforme al artículo 11 de la Constitución y a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, resolviendo otorgarle protección tras constatar indicios de persecución.
Perú considera el asilo como una provocación política
La ruptura diplomática fue anunciada por el canciller peruano Hugo de Zela, quien argumentó que la decisión mexicana constituye una “injerencia en los asuntos internos” de su país. Según Lima, el otorgamiento del asilo a Chávez obstaculiza los procesos judiciales derivados del intento de autogolpe de diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo trató de disolver el Congreso.
Chávez es considerada por la justicia peruana una figura clave en ese episodio, acusada de haber participado en la coordinación del mensaje que desencadenó la crisis política. Pese a las acusaciones, México insistió en que su decisión no implica respaldo político alguno, sino el cumplimiento de un deber humanitario.
“La tradición mexicana de asilo ha protegido a cientos de personas perseguidas por motivos políticos. No se trata de un gesto hostil, sino de un acto de solidaridad consagrado en la historia diplomática del país”, puntualizó la SRE.
De la Fuente llama al diálogo y a evitar una escalada diplomática
El canciller Juan Ramón de la Fuente reiteró que México continuará defendiendo los derechos humanos como pilar de su política exterior. “Nuestra posición se mantendrá firme. No renunciaremos a los principios que nos definen como nación solidaria y respetuosa del derecho internacional”, afirmó.
Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó que la Asamblea General de la ONU ha reconocido que el asilo no debe ser interpretado como una acción hostil entre Estados, por lo que la respuesta peruana carece de sustento diplomático.
Pese a la tensión, México reafirmó su disposición al diálogo y a la resolución pacífica de controversias. En su mensaje final, la cancillería llamó a no reducir los vínculos entre ambas naciones a un diferendo coyuntural, e instó al gobierno de Perú a reconsiderar su postura en beneficio de los pueblos hermanos.
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