Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, confirmó este miércoles en su conferencia matutina que no tiene planes de reforzar su esquema de seguridad personal, a pesar del acoso sexual sufrido el martes 4 de noviembre mientras caminaba por el Centro Histórico. Ante la indignación pública y cuestionamientos sobre vulnerabilidades, Sheinbaum enfatizó: «No podemos estar lejos de la gente; eso sería negar de dónde venimos. Nuestros compañeros de ayudantía nos apoyan, pero no hay riesgo conocido». Sin embargo, el incidente –donde un hombre la abrazó, intentó besarla y la tocó en el pecho– ha reavivado críticas al modelo de protección actual, heredado de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que eliminó el Estado Mayor Presidencial (EMP) en 2018 y lo reemplazó por una «ayudantía presidencial» menos especializada.
El hombre, identificado como Uriel Rivera Martínez, fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX y enfrenta cargos por acoso sexual, según confirmaron fuentes de la Fiscalía de Delitos Sexuales. El caso involucra también a dos mujeres más acosadas ese día, pero el de Sheinbaum, viral con 2 millones de vistas, ha amplificado el clamor feminista: el 90% de agresiones sexuales quedan impunes en México, según ONU Mujeres.
De militares especializados a ayudantía civil
Desde 2018, AMLO disolvió el EMP –un cuerpo militar de élite con entrenamiento en EE. UU., Israel y España– por su «militarización» y lo integró al Ejército. En su lugar surgió la ayudantía presidencial, un equipo civil de apoyo logístico y personal, no necesariamente experto en seguridad, que gasta 750.000 pesos mensuales en salarios de 45.000 a 127.000 pesos. Aunque no portan armas, tienen formación básica en protección, pero expertos como Raúl Benítez-Manaut (UNAM) advierten: “Es un vacío; no hay seguridad periférica ni personal profesionalizada”.
La ayudantía, subordinada a la Coordinación General de Política y Gobierno de la Presidencia (bajo Arturo Zaldívar), incluye 13 miembros: seis mujeres y siete hombres. Tres son excolaboradores de Zaldívar en la SCJN: Carlos Javier Castaños Villaseñor y Manuel Alejandro Téllez Espinosa (45.000 pesos netos mensuales), y Miguel Óscar Casillas Sandoval (64.000 pesos netos). Juan José Ramírez Mendoza, jefe, gana 127.000 pesos netos y es hermano de Sebastián Ramírez, exdirigente de Morena en CDMX.
Sus atribuciones: apoyo logístico, acondicionamiento de escenarios y resguardo de integridad en actividades públicas y privadas.
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