El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, podría recuperar su libertad después de casi ocho años en prisión, luego de solicitar formalmente la medida de libertad anticipada ante una jueza federal. El proceso judicial, que se resolverá el próximo 12 de noviembre, reaviva el debate sobre la impunidad, la eficacia de las sentencias y la aplicación de los beneficios penitenciarios para exfuncionarios acusados de corrupción.
Una decisión en manos del Poder Judicial
La jueza Ángela Zamorano Herrera, encargada del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, confirmó que Duarte solicitó desde diciembre de 2024 acceder a este beneficio, al considerar que ya cumplió el 95 % de su condena de nueve años por lavado de dinero y asociación delictuosa.
De ser aceptada la petición, Duarte podría abandonar el Reclusorio Norte de la Ciudad de México antes de concluir su pena completa. La audiencia decisiva será el 12 de noviembre, y la determinación de la jueza podría marcar un precedente en la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
El abogado Pablo Campuzano, representante de Duarte, afirmó que su cliente «cumple con todos los requisitos legales y de conducta» para acceder a la libertad anticipada. Recordó que el exmandatario se entregó voluntariamente en 2018 y colaboró con las autoridades: «Hoy el Estado mexicano busca incumplir una promesa que ya fue reconocida por la propia fiscalía», sostuvo.
La defensa insiste en su buena conducta
La defensa argumenta que Duarte ha mantenido buena conducta dentro del penal, ha participado en programas de reinserción social y ha cubierto las multas impuestas. Además, asegura que no enfrenta procesos penales pendientes, ya que varias causas en su contra fueron anuladas o prescritas tanto en el fuero federal como en el común.
Duarte, quien gobernó Veracruz entre 2010 y 2016, se declaró culpable en un procedimiento abreviado de los delitos mencionados, a cambio de una reducción de su condena. La sentencia original incluyó una multa de 58 mil pesos y el decomiso de más de 40 propiedades.
FGR rechaza su liberación y cuestiona su arrepentimiento
La Fiscalía General de la República (FGR), representada por Manuel Granados Quiroz, se opuso al beneficio solicitado. Aseguró que aún existen decomisos pendientes y que el exgobernador «no ha querido pagar sus crímenes ante la justicia». Además, recordó que su administración fue acusada de desfalcos millonarios y uso de empresas fantasma, delitos que generaron un profundo daño al patrimonio público de Veracruz.
La oposición de la FGR se apoya también en el impacto social que tuvo su gobierno. Duarte fue expulsado del PRI tras los escándalos de corrupción, y su fuga a Guatemala en 2017 derivó en una de las extradiciones más mediáticas de la última década. El caso se convirtió en símbolo de la impunidad y la corrupción institucional.
Un caso que divide a la opinión pública
Mientras algunos sectores consideran que el beneficio penitenciario es legal y corresponde por cumplimiento de tiempo y conducta, otros lo perciben como un agravio a la sociedad veracruzana, que aún resiente las consecuencias económicas y sociales del saqueo durante su gestión.
El desenlace judicial del 12 de noviembre definirá si Javier Duarte puede salir del Reclusorio Norte o si deberá cumplir el resto de su condena tras las rejas. De cualquier forma, el caso vuelve a exponer la delgada línea entre justicia y privilegio dentro del sistema penal mexicano.
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