Las fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron un ataque cinético contra una embarcación sospechosa de narcotráfico en aguas internacionales del mar Caribe, tras órdenes del presidente Donald Trump. El operativo, anunciado por el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, dejó al menos tres personas muertas. Washington afirma que la ofensiva forma parte de una campaña contra «narcoterroristas» que ha destruido embarcaciones y aumentado la presencia militar en la región. La acción reaviva tensiones diplomáticas con Venezuela y genera inquietud por el uso de fuerza en áreas marítimas internacionales.
El secretario Pete Hegseth informó por medio de X que el ataque se llevó a cabo «por orden del presidente» y que el buque atacado operaba como parte de una organización catalogada como terrorista. «Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido», añadió Hegseth, y subrayó que la operación tuvo como resultado la muerte de tres presuntos narcotraficantes. El funcionario lanzó además una advertencia directa: «si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas».
Según comunicados oficiales y material difundido por el Pentágono, la ofensiva se enmarca en una campaña iniciada en septiembre. Desde entonces, Estados Unidos asegura haber neutralizado al menos 18 embarcaciones —17 lanchas y un semisumergible— y contabiliza alrededor de 70 muertes vinculadas a los operativos. Las acciones se concentran en el Caribe y en el Pacífico oriental, y han contado con despliegues relevantes: buques de guerra, cazas F‑35 en Puerto Rico y el portaaviones USS Gerald R. Ford en la zona.
La estrategia estadounidense combina vigilancia aérea y ataques selectivos dirigidos a embarcaciones sospechosas de transportar cocaína. En varios casos, las autoridades publicaron imágenes aéreas del impacto; sin embargo, algunos fragmentos de video fueron editados o censurados por razones no especificadas. La Casa Blanca y el Pentágono sostienen que las operaciones son necesarias para frenar el flujo de drogas y proteger a la población estadounidense del consumo de estupefacientes letales.
La campaña ha incluido maniobras de demostración de fuerza cerca de costas venezolanas, donde bombarderos sobrevolaron áreas marinas en al menos cuatro ocasiones desde octubre. El Gobierno de Caracas, en voz del presidente Nicolás Maduro, ha acusado a Washington de usar la lucha antidrogas como pretexto para presionar y desestabilizar al régimen. Maduro, señalado por la justicia estadounidense en procesos relacionados con narcotráfico, rechaza las imputaciones y afirma que Venezuela es víctima de rutas delictivas que provienen de Colombia.
Tensión diplomática y riesgos regionales
La ofensiva estadounidense ha aumentado la tensión entre Washington y gobiernos que se sienten aludidos por las operaciones. Expertos consultados por agencias internacionales advierten sobre el riesgo de escalada si se multiplican los enfrentamientos en aguas cercanas a jurisdicciones nacionales. La línea entre perseguir embarcaciones criminales y violar soberanías es estrecha, y el uso de fuerza letal en aguas internacionales plantea dilemas jurídicos y políticos.
En el plano operativo, las autoridades estadounidenses argumentan que las lanchas y semisumergibles detectados representan una amenaza directa por la cantidad de droga que trasladan y por sus vínculos con organizaciones violentas. No obstante, analistas advierten que las muertes pueden alimentar narrativas de intervención y generar represalias. Además, persiste la incertidumbre sobre la identidad exacta de los abatidos y sobre el procedimiento completo de verificación previo a cada ataque.
Revuelo político en Washington y reacciones internacionales
El presidente Trump, cuestionado sobre la posibilidad de un conflicto mayor con Venezuela, dijo en una entrevista con CBS que «lo dudo» y evitó comprometerse sobre una intervención directa. No obstante, la administración mantiene una retórica dura. El saldo actualizado de la campaña y la decisión de continuar con ataques en el Caribe y el Pacífico fijan la dirección política: endurecimiento de la presión contra el narcotráfico transnacional.
Diversos gobiernos regionales han pedido cautela y respeto al derecho internacional. Organizaciones de derechos humanos solicitaron transparencia sobre las operaciones, acceso a las pruebas y verificación independiente de incidentes. En paralelo, la Oficina de Estados Unidos para la Política Antidrogas y agencias militares defienden la legalidad de los operativos cuando ocurren en aguas internacionales y con base en información de inteligencia.
En términos prácticos, la ofensiva ya modificó rutas y tácticas del crimen organizado; algunas redes han optado por embarcaciones más pequeñas o por cambios en horarios de traslado. Sin embargo, la eficacia a largo plazo de los ataques letales sin una estrategia integral —incluida cooperación regional, programas de reducción de demanda y medidas judiciales— sigue siendo materia de debate.
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