El incremento al impuesto especial para bebidas azucaradas ha desatado críticas entre empresarios gastronómicos del Caribe mexicano, quienes advierten un impacto directo al consumidor y a la industria restaurantera. Afirman que la medida del gobierno federal “no tiene fines de salud pública”, sino un objetivo meramente recaudatorio que podría elevar los precios hasta en un 10% durante 2025.
Una medida recaudatoria que no aborda la raíz del problema
César Navarro Medina, gerente operativo del restaurante Pez Vela y consejero de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), sostuvo que el nuevo gravamen no atiende el problema de fondo.
“Si fuera una medida por salud, no habrían incluido el agua embotellada, que no tiene calorías. Esto demuestra que el enfoque es totalmente recaudatorio”, afirmó.
El representante restaurantero señaló que los programas previos del gobierno para reducir el consumo de refrescos no han tenido éxito porque se enfocan en sancionar al consumidor, en lugar de promover educación alimentaria y hábitos saludables.
“El consumo de refresco es parte de la dieta de muchos trabajadores de bajos recursos, especialmente en sectores como la construcción. En lugar de castigarlos con más impuestos, deberían impulsarse campañas de prevención y acceso a opciones saludables”, agregó.
Navarro subrayó que, antes incluso de la entrada en vigor de la nueva tasa, los refrescos ya registran aumentos en su precio. En las principales cadenas de distribución de Quintana Roo, los envases han subido hasta dos pesos. “Esto impactará en la operación de los restaurantes, donde el refresco es un producto de alta rotación y margen reducido”, advirtió.
Empresarios temen un doble incremento para 2025
El representante de CANIRAC explicó que el alza actual podría ser apenas el primer golpe. “Ya están subiendo los precios sin que el ajuste haya sido autorizado oficialmente. Si se aplica el nuevo impuesto en enero, tendremos un doble aumento que afectará tanto la producción como la venta de servicios”, afirmó.
Los restauranteros locales han pedido la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para revisar el alza anticipada, al considerar que muchas empresas podrían estar aprovechando el contexto para adelantar incrementos.
De mantenerse la tendencia, los establecimientos del sector prevén ajustes en sus menús, principalmente en bebidas, lo que afectará al bolsillo del consumidor final.
La CANIRAC ha reiterado su postura de que cualquier política fiscal relacionada con la alimentación debe ir acompañada de estrategias educativas, incentivos a la industria y campañas sostenidas de concientización. De lo contrario, advierte que las medidas solo generarán más inflación en productos básicos y una menor capacidad de consumo en los hogares mexicanos.
Para los empresarios del ramo, el aumento al impuesto sobre refrescos y bebidas azucaradas representa un nuevo reto económico en un contexto de alza generalizada de insumos, electricidad y servicios. “La salud pública no se construye con impuestos, sino con educación”, concluyó Navarro Medina.
También te puede interesar: PAN Quintana Roo: «No pueden culpar a otros gobiernos por lo de Uruapan»
