El hallazgo de una red de contrabando de combustible que opera desde aduanas controladas por mandos militares vuelve a exhibir una fractura interna en el aparato de seguridad nacional. La FGR indaga un esquema que funciona desde 2021 y que involucra a coroneles retirados, empresas transportistas, patios clandestinos y comercializadoras que ofrecen diésel y gasolina importados sin pagar el IEPS. La investigación golpea a la Secretaría de Marina y al Ejército Mexicano, instituciones a las que se les había atribuido la contención de la corrupción en las aduanas.
Los documentos obtenidos muestran rutas detalladas, seguimientos GPS y facturas que describen el flujo del combustible desde Texas hacia estaciones de servicio mexicanas, mientras se falsifican pedimentos para disfrazar la carga como aceite quemado o aditivos industrializados. El caso ha provocado movimientos internos, quejas ante el alto mando y nuevas preguntas sobre quién controla realmente las aduanas.
Red de contrabando conectada con altos mandos
La indagatoria de la FGR incluye a Octavio Othón López Pérez, coronel en retiro y exadministrador de la Aduana de Ciudad Juárez. Fue removido el 1 de noviembre, después de que se interceptaron nueve pipas cargadas con huachicol fiscal en un doble retén de la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Esas unidades pertenecían a empresas como Windstar, Carvel, Mefra Fletes y Autolíneas Roca, habituales en rutas vinculadas al trasiego ilegal. López Pérez tomó la aduana en mayo de 2025, tras el breve mando de otro militar retirado, Benito Cegueda Hernández. Ambos quedaron bajo la estructura dirigida por André Foullon Van Lissum, entonces titular de la ANAM durante el gobierno de Andrés López Obrador. Sus nombres aparecieron en reportes locales de Chihuahua por presuntos actos de corrupción relacionados con el movimiento irregular de pipas y armas.
La operación del huachicol fiscal incluye comercializadoras que ofrecían combustibles más baratos a grupos gasolineros. Petro Soluciones, representada por Mario Alberto Valdez Luna, e Ingemar, vinculada al exgobernador Ernesto Ruffo Appel, ofrecían diésel y gasolina con un descuento derivado de la evasión del IEPS. En Baja California se documentó una oferta de diésel a 21.80 pesos por litro, por debajo del precio mayorista de Pemex. Ingemar ya estaba bajo escrutinio tras el aseguramiento de 129 carrotanques con más de 15 millones de litros de combustible en Ramos Arizpe y Saltillo.
Los documentos revisados muestran seguimientos GPS a pipas que viajaron desde El Paso a Ciudad Juárez y luego a Camargo, Torreón, Fresnillo y Aguascalientes, descargando combustible en cada punto. También se detectó una ruta inusual hacia un patio clandestino en Piedras Negras, diseñada para evadir inspecciones. La mezcla de operaciones legales e irregulares quedó expuesta en miles de facturas y comunicaciones entre operadores, gasolineras y compañías fantasma.
Patios clandestinos y maniobras fiscales al descubierto
Tras cruzar la frontera, el combustible llega a patios clandestinos en Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes y Veracruz. Son terrenos improvisados con tanques y sistemas de bombeo sin permisos ni controles ambientales. Uno de los puntos más activos opera en los límites entre Nava y Piedras Negras, donde se violan de forma evidente las reglas de seguridad de la NOM‑006‑ASEA‑2017.
El Registro Público de la Comisión Nacional de Energía muestra que en esa zona solo existen permisos para plantas de almacenamiento y estaciones de carburación de gas LP. A pesar de eso, compañías como Atom, Carvel, Windstar y Mefra Fletes utilizan esos patios para el trasvase.
Con documentos alterados evitan impuestos
La maniobra clave del esquema consiste en presentar documentos alterados para simular que la carga no es gasolina ni diésel, sino aceite quemado o alcohol. Con esa falsificación, la operación evita el pago del IEPS y reduce el precio final de los combustibles entre 6.45 y 7.00 pesos. Esa diferencia atrae a decenas de gasolineras, incluidas marcas internacionales como Phillips 66 y Gasolinera 76, operadas por empresarios locales que pagan por el uso de la marca.
La salida de López Pérez también estaría vinculada con su relación con René Díaz Ramos, alias «La Rana», un empresario señalado como contrabandista en investigaciones previas. El coronel se quejó ante el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, por su separación del cargo.
Su argumento fue que la remoción derivó de una denuncia por contrabando que él había presentado. Sin embargo, la ANAM había limitado sus funciones desde julio, cuando Rafael Marín Mollinedo otorgó nuevas facultades a la subdirección de Operación Aduanera para evitar que el mando militar siguiera controlando roles y turnos.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio la estrategia que colocó a militares en aduanas bajo la promesa de acabar con la corrupción. Las evidencias disponibles señalan que la red operó sin interrupciones durante años y con la participación de actores públicos, privados y criminales.
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